Asturias y Navarra hacen frente común ante el Gobierno central exigiéndole un plan extraordinario para acoger a refugiados en España, además de una mayor participación a las comunidades autónomas en la adopción de decisiones sobre el acogimiento.
Los responsables de Servicios Sociales del Principado y del gobierno foral navarro se reunieron ayer en Pamplona para intercambiar experiencias y analizar mejoras en las materias de su área de actuación. El vicepresidente de Derechos sociales del Ejecutivo de Navarra, Miguel Laparra, mostró especial interés por la "política de rentas mínimas" del Principado (el salario social), destacando que Asturias es la "comunidad autónoma de régimen común con una experiencia más destacada y un nivel de protección más alto del conjunto del Estado".
Laparra también destacó la estructura de atención primaria y servicios sociales de base. "La propia estructura urbana y rural de Asturias y Navarra tienen elementos notables de coincidencia, y la forma en la que han construido la atención primaria y los niveles intermedios comarcales son muy interesantes", afirmó.
Pero uno de los asuntos que más preocupa a ambos ejecutivos autonómicos es el del acogimiento de refugiados. Navarra impulsó en marzo una propuesta solicitando a España y Europa una mayor implicación. La petición fue suscrita por Asturias, Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. Laparra incidió en "la necesidad de colaboración", y en que "más allá del gobierno del Estado, las comunidades autónomas tenemos una actitud receptiva y colaboradora en este ámbito".
La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, indicó: "Ya hemos denunciado al Gobierno, que no está contando con las comunidades autónomas de cara a plantearse un proceso de acogida extraordinario para las personas que tanto nos necesitan". Y lamentó la falta de reacción porque el "Gobierno de España no hace lo que tendría que hacer".
