Un año. Ese es el plazo que se da el Gobierno del Principado para convertir a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) en una entidad totalmente pública, sin ningún tipo de participación privada, o, de lo contrario, proceder a su disolución. La medida figura en la modificación parcial del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio (TROTU) que impulsa el Ejecutivo autonómico para adecuar el funcionamiento de la sociedad mixta a la normativa comunitaria. Bruselas no permite atribuir a entes público-privados como Sogepsa la promoción exclusiva de operaciones de urbanización en su conjunto, dado que sus accionistas privados no se eligieron mediante libre concurrencia. El nuevo texto entrará en fase de exposición pública mañana, durante 20 días.

La parte privada de Sogepsa detenta en estos momentos el 42% del capital social de la entidad. Sus socios más significativos son Constructora Los Alamos, del Grupo Orejas; Coprosa y Ceyd. Además, también tienen representación en el consejo Constructora Principado y Arboleya Construcción y Promoción. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el criterio más extendido entre los accionistas privados es que la única opción para que Sogepsa sea viable y cumpla con la legislación comunitaria es de que deje de ser una sociedad de capital mixto para convertirse en completamente pública. Es más, algunos de ellos han ofrecido ya al Principado la cesión de sus participaciones sin coste alguno.

En preconcurso de acreedores desde el pasado mes de febrero, Sogepsa acumula una deuda de 149 millones de euros, proveniente en su mayor parte de los dos macropolígonos del centro de la región -Bobes (Siero) y Lloreda (Gijón)- operaciones avaladas por el Principado con 98, 5 millones de euros.

La modificación legislativa para hacer de Sogepsa una sociedad totalmente pública recoge que, en ese plazo establecido de un año, la entidad tendrá que limitar su actividad a labores de gestión ordinaria y a la comercialización de los activos que tiene disponibles. Por tanto, no tendrá posibilidad de emprender nuevas actuaciones, algo que, en la situación actual, ya parecía muy improbable. Además, la reforma que impulsa la Consejería de Infraestructuras garantizará que las encomiendas de gestión del suelo se encarguen a empresas enteramente públicas y que, en caso de que se acuda al ámbito privado, siempre se respeten los principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.

Europa abrió en julio de 2014 un procedimiento de infracción sobre Sogepsa al entender que la selección de sus socios privados se hizo bajo los auspicios de la Confederación Asturiana de la Construcción, encargada de promover un proceso de suscripción de acciones que dejó fuera a las empresas ajenas a la región. Bruselas entiende que esta situación no encaja en su normativa y exige respeto a la libre prestación de servicios.