La exdirectora general María Jesús Otero, guiada por su letrada, Ana Muñiz Casares -la única a la que respondió-, quiso romper su imagen de "todopoderosa" dueña de la Consejería de Educación. "Yo no realizaba todo, ni mucho menos. Funcionábamos como un equipo. No tenía ninguna competencia en la contratación. Las propuestas para los equipamientos nos llegaban del propio consejero, de los alcaldes... Teníamos capacidad de propuesta, no de decisión, y se informaba al consejero. Siempre tuve claro que el que mandaba era el consejero", afirmó.
Luego hizo un repaso exhaustivo de las supuestas irregularidades que se le imputan. En muchos casos, indicó, había cambios de última hora motivados por imponderables. Si no había espacio para el material, se llevaban al IES El Batán de Mieres, que servía de almacén. Negó cualquier responsabilidad sobre los contratos que no llevasen su visto bueno, que son unos cuantos. "Si se recibió algún servicio, se pagó y se facturó", dijo.
Negó cualquier relación con empresas como Alvaroter y La Mazuga XXI. Las suyas son Buga 90 y Cuetu Mazuga, constituidas antes de que fuese directora general. "Está todo declarado a Hacienda, y no hay pagos del Principado o la Consejería", aseguró. "Nunca recibí ninguna liberalidad. Mis gestiones siempre fueron a favor del Principado", dijo. Y añadió: "Tengo el mismo patrimonio que antes de ser directora general. Hago declaración de bienes desde 1999 y constan todos los cambios. Realmente no hay ningún cambio significativo, en todo caso a menos".
