La ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado María Jesús Otero ha asegurado hoy que los procedimientos de contratación en la Consejería de Educación se realizaban "en equipo" y con el visto bueno del titular del departamento, José Luis Iglesias Riopedre.
En su declaración ante el tribunal que juzga el caso Marea, la mayor trama de corrupción investigada en Asturias, Otero, que sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha señalado que su función era "proponer cosas" a partir de las peticiones de los centros y no decidir, dado que nunca formó parte de una mesa de contratación.
"No teníamos falta de inventar facturas porque había una ingente cantidad de peticiones de los centros", ha señalado la ex directora general para la que la Fiscalía pide para Otero once años y medio de cárcel y una multa de 2,5 millones -la petición más elevada de los trece acusados- por los delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.
La acusada, que ocupó el cargo durante dos legislaturas en las que el también acusado José Luis Iglesias Riopedre ejerció como consejero de Educación, ha señalado que las peticiones de compra de mobiliario las realizaban los directores de los centros y que luego la Consejería las estudiaba y fijaba las prioridades de gasto.
En ocasiones, ha asegurado, se introducían modificaciones de las que la Consejería no tenía constancia sobre las que decidían los directores dado que las empresas "procuraban tener contento al cliente que era el propio centro" y que ella no recuerda haber tenido quejas de los responsables de los colegios diciendo que determinado material que tenía asignado no les había llegado.
Otero, que ha recurrido a una tableta informática mientras prestaba testimonio para consultar determinados datos, ha advertido además de que, en ocasiones en las que una obra no había finalizado, se enviaba el material solicitado a un almacén de la Consejería en vez remitirla al propio centro para gastar en el ejercicio consignado el gasto correspondiente a dicho suministro.
Además, ha atribuido a la Consejería de Hacienda la responsabilidad de elegir a las empresas con productos homologados, entre las que figuraban Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos responsables están procesados, dado que así se facilitaba la petición de material que requerían los centros.
"Siempre defendí que cuantas más empresas con productos homologados mejor porque así se podía escoger", ha apuntado tras justificar en el hecho de que esas empresas tenían casi todo su material homologado la circunstancia de que recibieran la mayor parte de los contratos de la Consejería de Educación.
Otero ha incidido en que las cuestiones relativas a estas empresas las trataba con los empleados responsables del material y que sólo en algunas ocasiones, y a petición del consejero, habló con los propietarios de ambas compañías, acusados también en esta causa.
La ex directora general ha respondido a las preguntas de su defensa tras escuchar durante más de cincuenta minutos las preguntas que tenían previsto plantearle tanto la Fiscalía como de la letrada que representa al Principado, que ejerce como acusación particular.
Dichas cuestiones hacían alusión a su supuesta actuación para favorecer la adjudicación de contratos a Igrafo y Almacenes Pumarín a cambio de presuntos sobornos y reunirse con sus responsables para decidir qué obras se les iban a adjudicar a dos compañías y del envío de material no solicitado por los centros para favorecerlas.
Al reanudar su declaración en la sesión de tarde Otero ha señalado que todas las operaciones que realizaron las empresas que constituyó fueron declaradas a Hacienda, que parte de su patrimonio procede de la venta de una finca a su hermano por importe de 285.000 euros.
A preguntas de su abogada ha incidido en que no ha incrementado su patrimonio tras ocupar el cargo de directora general y que así consta en las sucesivas declaraciones de bienes y patrimonio que presentó como alto cargo además de asegurar que actuó siempre "en beneficio" del Principado.
Según la Fiscalía, la acusada encargó además estudios innecesarios sobre la posible instalación de equipos de geotermia a una empresa propiedad del hijo de Iglesias Riopedre pese a que habían sido desaconsejados por técnicos de la Consejería.
Además, según el Ministerio Público, Otero cedió la gestión de varias empresas de su propiedad a su familia para no vulnerar la ley de incompatibilidades, compañías a las que Igrafo y Almacenes Pumarín destinaron 700.000 euros a la vez que le pagaron varios viajes, estancias en hoteles de lujo o entradas para espectáculos.
Otero cesó en su cargo como directora general tras la dimisión como consejero en agosto de 2010 de Iglesias Riopedre, que alegó razones de salud, y, tras ser detenida el 26 de enero de 2011, ingresó en prisión y permaneció encarcelada más de un mes hasta que satisfizo una fianza de 200.000 euros
DECLARACIÓN EMPRESARIO
Antés de Otero, el segundo de los acusados en declarar, tras la funcionaria Marta Renedo, ha sido el gerente de ASAC, Maximino Fernández, para el que el Fiscal pide cuatro años de cárcel al estar acusado de "cobrar irregularmente del Principado y pagar luego a Marta Renedo por trabajos no hechos".
Fernández, en respuesta a preguntas de la Fiscal ha indicado que conoció a Marta Renedo a través del entonces director general, José Carlos Madera. Ha indicado que desde las empresas "se ha tratado de hacer un favor al Principado de Asturias" y ha reconocido que se facturaron obras que no se realizaron y se pagaban otras por adelantado.
"Se nos mandó que facturásemos de otra forma", ha dicho el acusado que ha indicado que en aquellos momentos aquello era "habitual".
