De buscar un acuerdo con las acusaciones a negar la mayor y culpar directamente de lo ocurrido a sus superiores, la exconsejera Ana Rosa Migoya (Cultura) y los exdirectores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto. Marta Renedo se presentó como la "fontanera" de éstos, la que hacía los trabajos sucios. Aseguró que en la administración del Principado existía un sistema de facturas falsas para cubrir las necesidades no presupuestadas, que se disparaban en época de elecciones. Y es que "se generaba una ingente cantidad de facturas en época electoral", que no podían ser abonadas con cargo a los presupuestos. Sus superiores estaban al tanto. Es más, dijo, le ordenaron hacer esas facturas. Fue más allá. Dijo que sus problemas comenzaron cuando le dijo que "no" a Pérez Cueto, a que su empresa entrase en la red que hacía facturas por trabajos inexistentes.

Las facturas pasaban por las manos de ocho o diez personas, incluidos los funcionarios de Intervención. Pero no hay pruebas de ello, dijo, porque el Principado ha hecho desaparecer las pruebas y fabricado otras que la incriminan. Hasta destruyeron el contenido de su ordenador, donde estaba la lista de trabajos para la administración que hizo Implans Mounts, una de sus empresas. "Se quiere eludir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas", sentenció. "Se intentó dar apariencia de legalidad a cuestiones ilegales, pagos fuera de ejercicio, reclamaciones de proveedores", añadió.

La jornada empezó para Renedo con una pequeña derrota. El tribunal le denegó su petición de que la letrada del Principado, Isabel Cachero, declarase incluso antes que ella. La hoy letrada era secretaria general técnica en la época de las irregularidades y Renedo asegura que "era perfecta conocedora". La exfuncionaria solo declaró ante su abogado, ante quien reconoció haber tenido un problema de ludopatía y estado a tratamiento durante un año.

Tras ella declaró Maximino Fernández, de ASAC. Indicó que las facturaciones falsas y la contratación de varias personas para centros del Principado fueron por orden de la administración. "Nos dijeron hasta el coste, y que tendríamos un beneficio de entre el 8 y el 13 por ciento. Pretendiendo hacer un favor al Principado, unas contrataciones que con mano de hierro nos ordenaba, me veo en este problema", indicó. A preguntas del letrado de AVALL aseguró que es cierto que los 233.000 euros pagados a Implans Mounts fueron por trabajos realizados en realidad. "Lo he sabido hace relativamente poco. No existe ningún ingreso del Principado por esa cantidad en ASAC", aseguró.