El empresario que contrató al hijo de Riopedre niega haber recibido presiones

"Es radicalmente falso y además absurdo. Eso no se lo puede creer nadie. Empecé a trabajar con Geogal antes de que Riopedre fuese consejero", ha subrayado Antonio Azorín

27.04.2016 | 18:12

El gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio Azorín, que subcontrató a la empresa del hijo exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre en un obra de aprovechamiento de energía geotérmica en un centro educativo, ha rechazado hoy haber recibido presiones para trabajar con dicha sociedad.

En su declaración ante el tribunal que juzgado el caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias, el empresario, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha negado que la Consejería o la empresa Igrafo, también investigada, le presionaran para subcontratar a la compañía Geogal.

"Es radicalmente falso y además absurdo. Eso no se lo puede creer nadie. Empecé a trabajar con Geogal antes de que Riopedre fuese consejero", ha subrayado tras recordar que para ese proyecto subcontrató a otra empresa a la que pagó un importe superior.

Azorín ha señalado que conoció a Ernesto Iglesias en torno a 2002 y desarrolló "cierta amistad" con él dado que, tras ofrecerle sus servicios, Geogal comenzó a ser proveedor de Nora sin que supiera hasta tiempo después su parentesco con el consejero de Educación.

A la empresa de Ernesto Iglesias, junto a otras, Nora las subcontrató para realizar las obras de geotermia en el instituto de Infiesto, un proyecto que inicialmente le fue encargado por una empresa constructora y del que después recibió el encargo directamente de la Consejería de Educación, ha afirmado.

Según Azorín, la responsable de obras de la Consejería de Educación le dijo que la obra urgía y, por tanto, empezó a trabajar sin ningún contrato con la administración a partir del presupuesto que le fue aceptado y sin acordar ninguna forma de pago.

Cuando las facturas se fueron "amontonando" su interlocutora en la Consejería advirtió de que se había agotado su capítulo de inversiones y que, por lo tanto, debía facturar el pago a cargo de la partida destinada a mantenimiento, por la misma cuantía pero haciendo figurar unos conceptos distintos a la obra realizada correspondientes al instituto de Infiesto y a otros dos centros.

"No me pareció ni irregular ni ilegal ni nada. Cuando la administración te dice que hagas unas cosas uno no cree que lo vayan a engañar, ¿cómo no lo voy a hacer?", ha apuntado antes de señalar que en otra ocasión la Consejería le planteó que, para acceder a otra obra, debía presentar su oferta "y otras dos".

Según Azorín, es "vox pópuli" que en la administración se necesitan tres ofertas para determinados contratos "por comodidad del técnico o por agilidad", un modelo de actuación que era "normal, como sabe cualquier persona que esté en la construcción".

"No sé de donde se puede sacar que Igrafo controla mi empresa. Decidimos mis socios y yo, Víctor Manuel (Muñiz) no tiene nada que ver", ha señalado sobre su relación con Igrafo con la que ha admitido haber trabajado como proveedor y como cliente a la vez que ha negado tener ninguna relación ni con el exconsejero ni con su directora general, María Jesús Otero, también acusada en la causa.

Azorín afronta tres años de cárcel a petición de dos de las acusaciones populares personadas en la causa por los presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales mientras que la Fiscalía no ha formulado cargos contra él.

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