El tiempo dentro del edificio de la Audiencia, a la espera de que se abra la puerta de la sala, tiene una textura extraña. Para la estancia ante las salas 1, 2 y 3 hay un pasillo tan ancho que nadie lo llamaría así pero, ¿cómo llamar corredor a un lugar donde se está tan quieto? Los acusados del "caso Marea" están dispersos en ese espacio. No se juntan. Aunque eso lo determinará la sentencia, no hay complicidad entre ellos. Cada acusado con su abogado, hombres y mujeres que ya se han despojado de las prendas de abrigo para cubrirse con las largas togas, negras, brillantes. Espectáculo de gris y negro, carpetas y bolsos grandes, móviles y sumarios. Por el medio están los periodistas de prensa, radio y televisión, muchos con cámaras pero con la prohibición de obtener imágenes hasta que se abra la puerta, se declare la audiencia pública y puedan pasar a tomar unos instantes o unas instantáneas del movimiento en la sala. Como en un concierto.
Las actitudes permiten reconocer a algunos de los acusados. La funcionaria Marta Renedo Avilés llego pronto y está sentada de espaldas al ventanal repasando con su abogado. Va vestida de gris y negro y permanece mano sobre mano, para recoger en el regazo la chupa y el bolso negros y, de paso, taparse la mitad de los anillos que lleva o mostrar la otra mitad. Sobre el cuello redondo cuelga una cadena fina con dos medallas de oro. Los pantalones negros de pata de elefante caen sobre los 14 centímetros de stiletto que suele calzar. No suelta el teléfono inteligente y hasta el momento de entrar mira unas fotos y envía un mensaje a su abogado, que está un poco alejado en ese momento, y se queja de que no entiende el mensaje o a cuento de qué se lo envía.
Tiene algo desasosegado o ansioso en la respiración pero dentro de nada, cuando entre en la sala, no se percibirá. Estará durante más de cincuenta minutos oyendo unas preguntas que, al no responder, quedarán en retóricas. En ellas se dará cuenta de un ajetreo depredador incesante, de unas cantidades de dinero que marean, de falsificaciones de facturas, de cuentas bancarias a nombre de otras mujeres, de sus andanzas de pionera de la banca por internet, de hacer una piscina gratis, de comprar un dúplex y mantenerlo a salvo de la justicia, de beneficiar al equipo de baloncesto de su hija, de lo que otros acusados han ido "rampuñando de aquí y rampuñando de allá" para ella, de un trajín formicante. Ella oye esa lluvia de preguntas como el que oye llover, sin sentirse concernida por una sola.
Cuando le llegue el turno de preguntas a su defensor, Renedo contestará con voz suave, un poco hueca y muy segura, corrigiendo a su abogado los términos administrativos que no usa correctamente y citando artículos de la ley general de contratos para dar a entender que, por razones políticas y en la proximidad de elecciones, la falsificación de facturas era cosa corriente y conocida, al menos por los directores regionales. La funcionaria de élite sigue ahí.
Pero eso será luego. De momento, está sentada de espaldas al ventanal cruzado por estructuras metálicas de este edificio de arquitectura expresionista, torturado por líneas que se cruzan, niveles y desniveles, desconocedor de las líneas paralelas, que es como un monumento al crimen más que un Palacio de Justicia.
Unos asientos más allá está sentado, solo, estático y en silencio, José Luis Iglesias Riopedre, un exdominico y excomunista que fue consejero de Educación en los gobiernos socialistas de Vicente Álvarez Areces. Lleva una bufanda al cuello que subraya su aspecto acatarrado. La ropa, el pelo, la piel, todo a juego en gris. Es conocido su torpe aliño indumentario, profesoral, y lo mantiene para el juicio en los zapatos que no limpió y en el bajo del pantalón, que está raído y polvoriento de arrastrarse al andar.
Apoya la mirada en los paneles de madera de la pared, como lo hacen en los azulejos las mujeres mayores que esperan en el centro de salud, pero Iglesias está asomando hacia adentro y se nota en las manos cruzadas con los pulgares juntos y hacia delante de quien se formó en meditación y rezos. A veces cierra los ojos. Pasará horas así, dentro de la sala.
Nada que ver con Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, alto, en pie, media melena bien peinada, que escucha al abogado con el ceño tenso y la cabeza ladeada por la atención, balanceante sobre sus zapatos de granate reluciente. Es un comercial. Lleva abrazada una carpeta clara y parece un muestrario de materiales de oficina que hará que acabe interesando al letrado.
María Jesús Otero charla con su abogada con un aplomo que se nota en su postura. La americana gris cae a los dos lados de la falda marengo. Tiene las manos en los bolsillos, de una de ellas pende el bolso, y las piernas en pierna y abiertas que acaban en zapato plano. Hay un brillo pequeño y antiguo en sus pendientes. Fue directora general de Planificación de la Consejería de Educación y podría haber sido la directora de la escuela en un remake de "Matilda" de Roal Dahl. Es una mujer que sabe adaptarse. Ha ganado ese aplomo. Está más tranquila en el juicio de lo que se mostró hace tres años cuando la Junta General del Principado hizo una comisión investigadora e Ignacio Prendes era de UPyD.
Detrás de ella, bien rodeado, el empresario Víctor Manuel Muñiz, con cazadora y cara color teja, charla animadamente con una voz queda y agradable sobre algo de música. Lleva un jersey gris de cuello redondo por el que asoman los cuellos impolutos de una camisa blanca y hay algo de colegial en quien vendió tantos pupitres escolares. Está atento a la clase y lo estará durante el juicio.
Justo al revés que la trabajadora del Ayuntamiento de Oviedo Paz Pendás Benito, que no tiene buena cara y que durante el juicio toda su actitud corporal, las manos repasando la frente, masajeando las sienes, la cabeza entre las manos, las manos tapando la boca, las manos ahuecando la melena roja sugieren malestar. También evitaron que su rostro saliera en el Telediario.
