El "caso Marea"

La estrategia de Renedo y Otero en el juicio apunta a sus jefes; la de Riopedre, a su subalterna

Los empresarios mantendrán hoy que emitían facturas falsas porque se lo pedía el Principado

27.04.2016 | 13:19
Marta Renedo, Isaac Ovies, María Jesús Otero (detrás) y Paz Rodríguez Pendás.

Ha bastado una jornada del juicio del "caso Marea", en la sección tercera de la Audiencia Provincial, para que se dibujen con toda nitidez las estrategias de los acusados, incluso las de aquellos que no han declarado aún y que comparecerán hoy a partir de las nueve y cuarto de la mañana. Los tres acusados principales han optado por despejar responsabilidades. Unas, Renedo y Otero, hacia sus superiores. El otro, Riopedre, hacia sus subalternos, sin hacer ninguna referencia a las escuchas policiales que les incriminan. Confían en que sean anuladas por el Tribunal Supremo, después de que anteayer lunes los magistrados de la sección tercera rechazasen la práctica totalidad de las peticiones de nulidad, salvo en lo tocante a las grabaciones realizadas a Renedo y su entonces abogado, Luis Tuero. Las defensas consideran que el auto fuerza tanto la justificación de las escuchas, que puede ser fácilmente tumbado en el Alto Tribunal. Pero en el envite actual que les ocupa, dan por más que segura una condena.

Por eso, visto lo sin salida de la situación, algún abogado echó de menos que su defendido se mostrase más agresivo en su estrategia del ventilador. El abogado de Renedo, José Carlos Díaz, casi tuvo que sacarle con calzador a la exfuncionaria los nombres de los superiores que, según ella, eran consentidores, animadores e instigadores de la trama de facturas falsas que se disparaba en época electoral. De esta forma Renedo sugería hasta una posible red de financiación ilegal de partidos, y metía en el ajo a la exconsejera Ana Rosa Migoya y los exdirectores Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto, quien además, siempre según la exfuncionaria, sería la causa de sus desgracias, al haberse negado a poner su empresa al servicio de la red.

Otero fue más sibilina, pero igual de contundente a la hora de culpar a su superior. El que mandaba en la Consejería de Educación era Riopedre, el que decidía qué había que hacer. Riopedre se lavó las manos, y dijo desconocer qué se hacía con las adjudicaciones, que en su opinión tenían apariencia de legalidad. Llegó a decir que la que trataba con los proveedores era Otero. La jornada de anteayer lunes escenificó el absoluto divorcio entre ambos, algo impensable hace unos años.

La declaración de Maximino Fernández, de ASAC Comunicaciones, muestra por dónde irán hoy los otros empresarios acusados, Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez y Antonio José Azorín. Fernández aseguró que fue el Principado el que le obligó a elaborar facturas falsas, un favor exigido "con mano de hierro" para atender necesidades no presupuestadas.

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