El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez, ha informado este jueves que se ha dado orden a todos los organismos públicos para que se haga una revisión de las declaraciones de bienes e intereses de todos los altos cargos. Ese análisis, ha explicado, comprenderá el ámbito temporal que va desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad.
Así lo ha dicho Martínez en el pleno de la Junta General del Principado al ser preguntado por el diputado del PP Agustín Cuervas Mons por si se estaba cumpliendo con la ley de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos.
El diputado 'popular' ha explicado que en la solicitud de información sobre Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias (Gitpa), un secretario general técnico certificó no existía constancia de que un alto cargo, el exdirector gerente, hubiese presentado su declaración.
Martínez ha señalado que ha sido precisamente a raíz de esta certificación cuando el Gobierno ha dado orden a todos sus departamentos, entes y empresas públicas a que hagan una revisión. Ha explicado que trimestralmente el Consejo de Gobierno recibe un informe sobre el grado de cumplimiento de la obligación de los altos cargos. No obstante, ha insistido en que la obligación de esos altos cargos es "personal".
Sin embargo, según el diputado del PP, el responsable último de que no se estén presentando esas declaraciones es el propio consejero. Ha recordado que tiene obligación de informar sobre el asunto a la Comisión de Reglamento de la Junta General y que jamás lo ha hecho. "Si usted no cumple la ley, se la haremos cumplir", le ha dicho a Martínez.
FRACCIONAMIENTO
Por otro lado, en la sesión plenaria de este jueves, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé le ha preguntado a la consjera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo sobre los mecanismos que existen en la Administración para evitar que se recurra a fraccionamiento de contratos para evitar que se realicen los oportunos controles.
Fernández Bartolomé se ha apoyado en las declaraciones del 'caso Marea', la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana, en la que varios de los implicados se han referido como común a este procedimiento.
Sin embargo, Dolores Carcedo ha hablado de "avances" y "mejoras continuas" en los procesos de contratación, que se acompañan además con una mayor transparencia de los contratos. "Lo mejor para evitar que existan fraccionamientos es que los procedimientos se vayan mejorando", ha apuntado, animando también a los grupos parlamentarios a establecer las modificaciones necesarias si se detectan "distorsiones".
