El tribunal corta los intentos de los abogados por sacar asuntos ajenos al juicio

05.05.2016 | 09:52
El tribunal corta los intentos de los abogados por sacar asuntos ajenos al juicio

"El señor Madera está como testigo, no como imputado. No estamos investigando ni a este testigo ni a ninguno", cortó Javier Domínguez Begega, presidente del tribunal. Ocurrió cuando Esteban Aparicio, letrado de AVALL, le preguntó a Madera si había recibido cestas de Navidad de APSA. Lo que iba a ser una jornada infernal para tres exaltos cargos del Gobierno de Vicente Álvarez Areces terminó resultando un interrogatorio poco menos que versallesco, merced a la actitud vigilante de Begega, que no permitió desvíos. Al final de la sesión, un letrado de la acusación popular confesaba su impotencia: "No nos dejan preguntar, la gente va a terminar pensado que somos la defensa".

Los apercibimientos fueron constantes durante las cuatro horas de vista. Claro que también fueron constantes los intentos de sacar a colación asuntos ajenos al auto de procesamiento. "El Gitpa está siendo instruido por un tribunal", dijo el presidente cuando le preguntaron a Migoya por ese ente. La defensa de Víctor Manuel Muñiz sacó a colación un contrato para un centro de "back-up" del HUCA, que se hizo, dijo, por mucho menos dinero del presupuestado. Y la defensa de Alfonso Carlos Sánchez insistió en el proyecto de mejora de Asturcón XXI, el sistema informático del Principado, y en que no se había hecho el acordado inventario de bienes de la administración.

Carlos Madera empezó a contar algo de unas ruinas romanas que aparecieron durante la rehabilitación de una iglesia. El abogado de AVALL le pidió que abundase en el asunto y el presidente del tribunal cortó por lo sano: "No nos interesa para nada si aparecen ruinas romanas o una cueva de murciélagos".

Por lo demás, Begoña Fernández, actual directora general de Patrimonio, y en su día secretaria general técnica de Educación, echó un cable al exconsejero Riopedre, a cuyas órdenes estuvo, indicando que no podía dejar de firmar los expedientes que le venían de la dirección general de Planificación de Centros, que dirigía María Jesús Otero. Era la jefe de servicio, con visto bueno de Otero, o la propia directora general, la que autorizaba los contratos y obras. Y controlaba una amplia parcela de la actividad de Educación. El interventor Martiniano Villar corroboró la tesis anterior, indicando que la firma de Riopedre era puramente "formal".

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