La Consejería de Educación advirtió ayer de que la reválida de Primaria, que finalmente el Principado ha decidido acatar, es obligatoria, pero tampoco aclaró que consecuencias sufrirían los escolares que no la realicen. Sindicatos y padres han planteado la posibilidad de una "insumisión" al examen, fijado para el próximo 15 de junio, en forma de absentismo escolar.

El Movimiento Social por la Escuela Pública cuestiona la prueba al considerar que el examen establece competiciones y clasificaciones de centros. El colectivo asegura que esta prueba "no evalúa procesos de aprendizaje, ni metodología de trabajo" al quedar reducida a unos cuestionarios de contexto que tanto familias como sindicatos consideran totalmente "sesgados" y donde "nada se pregunta al profesorado al que además se evalúa, y que merecería un estudio aparte", añaden. Las pruebas de Primaria, advierte el Movimiento Social de la Escuela Pública, se convierten así en "un auténtico eje vertebrador de la Ley Wert" pero no representan en modo alguno "evaluaciones de diagnóstico".

Desde Suatea, Beatriz Quirós, comparte los recelos sobre la reválida: "No entendemos el empecinamiento del consejero de Educación en una prueba externa que impone una carga de trabajo inútil al profesorado y no va a servir de nada". Aun cuando el Ministerio haya entrado en razón en no publicar los resultados de los rankings de resultados, que desde la plataforma por la defensa de la escuela pública respaldan porque "no hay que comparar realidades tan distintas, porque eso es perjuicio de muchos y beneficio de pocos", no se considera aceptable que se mantenga una prueba que es fruto de una implantación "precipitada" de la Lomce y que, además, presenta "complicaciones" para los centros porque son "evaluaciones grandes" en un período donde una parte importante de la jornada se dedica ya a actividades extracurriculares. "Las reválidas no evalúan, segregan, etiquetan y estresan", concluyen.

Beatriz Quirós apunta, además, que el único sentido de las reválidas sería si los resultados fueran a los institutos a donde van a cursar estudios los alumnos evaluados al curso siguiente. Suatea trata de que el asunto llegue a la Junta de Personal Docente y anuncia una campaña de "concienciación y denuncia" para que las familias entiendan que no tiene ninguna repercusión académica. Los grupos políticos en la Junta y las asociaciones de padres y madres también forman parte del objetivo de esa campaña que trata de erradicar "criterios mercantilistas" de la educación.