La Junta General del Principado está haciendo de caja de resonancia del juicio del "caso Marea". La diputada de Podemos, Lorena Gil, vinculó ayer esa operación con "la trama del cable", algo que no permitió el magistrado Javier Domínguez Begega en la víspera, cuando uno de los abogados trató de preguntar a la exconsejera Ana Rosa Migoya, por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas del Principado (GITPA), que es objeto de investigación por un juzgado de Oviedo.
Lorena Gil preguntó al consejero de Empleo e Industria, Francisco Blanco, si veía alguna conexión entre la "operación Marea" y "la trama del cable" y basó su cuestión en que los responsables políticos eran los mismos, empezando por la exconsejera Ana Rosa Migoya, siguiendo por el exviceconsejero Luis Iturrioz y acabando por el exdirector general de Modernización, Alberto Pérez Cueto y el secretario general técnico en Cultura y Administraciones Públicas. La respuesta del Consejero fue categórica. "No veo ninguna conexión entre el "caso Marea" y los problemas en el GITPA. La ve usted porque la quiere ver, pero no hay nada más", replicó Blanco, quien recalcó que "no está imputado ninguno" de los altos cargos a los que aludió la parlamentaria de Podemos. El Consejero, que se quejó repetidas veces de las interrupciones de Lorena Gil, pidió a la diputada que "no trate de extender permanentemente las sospechas".
La parlamentaria de Podemos señaló su sorpresa por "conocer que la Interventora General actual tiene una vinculación familiar con el primer director general del GITPA, denunciado por la Fiscalía y del que no constan sus declaraciones de intereses y actividades entre 2006 y 2012".
