Tres juzgados de Oviedo analizan, a raíz de una denuncia efectuada por la Fiscalía, si hubo prevaricación por parte del Principado en la concesión de una decena de subvenciones correspondientes al ejercicio 2013 y que suman una cantidad total de 4,7 millones de euros. La investigación se refiere al procedimiento administrativo por el cual se concedieron, sin entrar a cuestionar el destino o la cuantía.
Tres directores generales del gobierno socialista entre 2012 y 2015 ya han declarado durante las diligencias de instrucción llevadas a cabo por la Fiscalía que, tras apreciar indicios de prevaricación, presentó una denuncia ante diferentes juzgados.
La investigación se refiere a subvenciones que se concedieron de forma nominativa (es decir, especificando cuantía y destinatario) pero a través de modificaciones en el presupuesto del año 2013.
La Sindicatura y el Tribunal de Cuentas consideran que esta fórmula, en este tipo de ayudas, incumple los principios de publicidad y transparencia. Las subvenciones nominativas constaban en el presupuesto de 2013 que aprobó la Junta, pero posteriormente fueron modificadas, por lo que la Sindicatura entiende que también ese cambio debió contar con el refrendo del Parlamento autonómico para así dar por cumplida la publicidad y transparencia.
La Sindicatura ya puso reparos a las subvenciones nominativas en su informe provisional sobre la Cuenta General del Principado de 2013, que fue emitido el pasado año 2015.
El gobierno regional presentó alegaciones a ese primer informe aduciendo que el mecanismo utilizado para modificar el presupuesto y conceder de forma directa subvenciones sí estaba considerado en la legislación autonómica (Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias).
Pero la Sindicatura no aceptó la alegación del Principado y remitió su informe definitivo a la Junta General. Tras su aprobación por el parlamento, el informe fue trasladado al Tribunal de Cuentas. El órgano auditor estatal hizo llegar posteriormente a la Fiscalía los citados reparos sobre la concesión de ciertas subvenciones nominativas en el ejercicio de 2013.
La Fiscalía, entonces, inició diligencias de investigación y citó a declarar a tres directores generales de la pasada legislatura: Julio Zapico, entonces director general de Comercio y Turismo (en la actualidad continúa en el gobierno); Gonzalo Pescador, director en 2013 de Economía e Innovación, y José Luis Álvarez, entonces director del Servicio Público de Empleo del Principado.
Los tres altos cargos del anterior ejecutivo aseguraron que la concesión de las subvenciones cuestionadas por la Sindicatura se hizo con el informe favorable de los secretarios técnicos, el respaldo de la dirección general de Presupuestos y de la Intervención del Principado. Y además, fueron autorizadas por el Consejo de Gobierno.
No obstante, Fiscalía trasladó una denuncia a finales del pasado año a tres juzgados diferentes de Oviedo (los números 1, 3 y 4). Cada uno de ellos instruye diligencias por presunta prevaricación contra los tres exaltos cargos, respectivamente.
