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Un juzgado investiga si hubo prevaricación en dos geriátricos del ERA encargados a Sedes

La Sindicatura de Cuentas ya advirtió de irregularidades en la contratación de obras de dos centros | Cuatro trabajadores del ente, entre ellos la diputada de Podemos Rosa Espiño, formularon una querella, admitida ahora a trámite.

12.05.2016 | 13:46

El juzgado de instrucción número 1 de Oviedo ha admitido a trámite una querella por las obras de construcción de los centros de mayores de Santullano (Mieres) y Sotrondio. El motivo de la investigación es la denuncia formulada por cuatro trabajadores del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias), entre ellos la diputada de Podemos Rosa Espiño, basándose en un informe de la Sindicatura de Cuentas que apreciaba presuntas irregularidades en los contratos. La querella apreciaba posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa agravada.

Según ha señalado en una rueda de prensa la diputada Rosa Espiño, la querella se presentó en 2015 por los cuatro trabajadores a título individual, dirigida contra "los sucesivos miembros del consejo de administración de Sedes desde junio de 2001 y las personas responsables del ERA y de la administración pública por igual periodo".

La querella se refería al contrato de adjudicación a Sedes de la construcción de diez centros de mayores, aunque sólo se realizaron ocho. El juzgado la admite en la parte referida a dos centros: el de Santullano y el de Sotrondio.

En un informe de 2009, la Sindicatura de Cuentas ya apreciaba posibles irregularidades en la gestión de la empresa pública Sedes, ya que no aplicaba "el régimen de contratación administrativa en las contrataciones que realiza para su actividad constructora, sustrayéndose de este modo al régimen de transparencia que la ley establece respecto a la publicidad y de la concurrencia en la contratación". Además, la Sindicatura indicó que el Principado excluía "indebidamente de la ley de Contratos los convenios celebrados con Sedes para la construcción de residencias de personas mayores".

La Sindicatura señalaba que el convenio suscrito con Sedes para las obras en Santullano (Mieres), en febrero de 2006, carecía "de mención alguna, en la parte expositiva, referente a la necesidad, la motivación o la justificación de la formalización del mismo". Y respecto a la obra de Sotrondio, en febrero de 2007, el informe de la Sindicatura señala que la fundamentación jurídica "no es válida" y que la decisión "no se ha regido por el sistema de contratación administrativa". La Sindicatura constata un "artificio técnico-jurídico" para "eludir el contrato de obra", que se realizó "indebidamente de manera anticipada" y mediante "un mandato verbal".

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