Las defensas han redoblado su petición de nulidad de las escuchas del "caso Marea". La representación de José Luis Iglesias Riopedre, a cargo del letrado gijonés Sergio Herrero, pidió ayer la apertura de diligencias al considerar que la difusión de las grabaciones que hizo la Policía en 2010 puede contaminar a los testigos que aún quedan por declarar. La fiscal Carmen Rodríguez y el letrado de la defensa de los funcionarios de Oviedo, Luis Tuero, no se opusieron a la apertura de una investigación.

El contenido de las escuchas se conoce ya desde 2011, año en el que fueron publicadas por LA NUEVA ESPAÑA, pero las defensas han utilizado su difusión para pedir la anulación de las grabaciones, como figura en un escrito presentado por el defensor de Marta Renedo, José Carlos García Hernández, quien denuncia por otro lado que la difusión afecta a terceras personas que no están encausadas. Las defensas de APSA e Igrafo, a cargo de Javier Díaz-Dapena y Miguel Valdés-Hevia, también se adhirieron a la petición de Renedo.

Esteban Aparicio, abogado de AVALL, indicó que la difusión de las escuchas no constituye delito alguno desde el momento en que se ha iniciado la fase oral del juicio. En eso le dieron la razón Fernando de Barutell, que representa al Partido Progresista de Belmonte, y Alberto Suárez, de Bloque por Asturias-Podemos, entre otros.