La empresa que construyó la planta de biometanización para la generación de compost y biogás que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) tiene en Serín desde finales de 2013 le reclama ahora 2,5 millones de euros adicionales por la obra. La cantidad sale de sumar una revisión de los precios inicialmente fijados, calculada en más de 1,8 millones de euros, a los 620.000 euros de los "perjuicios" derivados del retraso en iniciar la actuación y de una paralización posterior que la firma ve ajena a su responsabilidad.
El contrato, formalizado en abril de 2009 por un importe de 19,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 31 meses, fue modificado en tres ocasiones por acuerdo de la comisión delegada de Cogersa, lo que supuso un aumento de tres meses en la ejecución y un incremento en el precio del contrato.
Cogersa reconoce que la empresa tiene derecho a cobrar, pero no esos 1,8 millones de euros, sino una cantidad considerablemente menor. La controversia está en determinar si la revisión de precios debe realizarse de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que el cálculo se realice respecto a la fecha en que se cerró el plazo de presentación de ofertas, o si, por el contrario, tiene que hacerse con la Ley de Contratos del Sector público, aprobada cuando se produjo la adjudicación de la planta, pero que no estaba en vigor cuando se dio luz verde al expediente de contratación. El último texto legal, más favorable a los intereses de la empresa, recoge que la revisión de precios se calcule a partir de la fecha en que concluyó la presentación de las ofertas más tres meses.
Cogersa sostiene que el contenido del dictamen del Consejo Consultivo del Principado le da la razón y da por concluida la vía administrativa. La constructora podría acudir al ámbito judicial.
