El Gobierno del Principado ha decidido estrechar el cerco sobre las gasolineras sin personal. El trámite para exigir al menos un trabajador que atienda las estaciones de servicio asturianas en horario diurno arrancó ayer con la publicación del anteproyecto legislativo que lo sostiene. La modificación normativa propuesta acota la libertad de las gasolineras plenamente desatendidas, de autoservicio y pago automático, contiene su expansión en la región y establece la obligación de la presencia de "al menos una persona responsable de los servicios" en el tramo que va de las seis a las diez de la mañana. El texto abrió ayer un plazo de veinte días en información pública y con él Asturias sigue a distancia la estela de las nueve comunidades autónomas que han vetado ya las estaciones de dispensación de carburante sin empleados y de las tres que ya tenían iniciado el trámite.
El anteproyecto con el que Asturias se convierte en una de las últimas autonomías en legislar sobre el particular añade una disposición adicional a la Ley de Consumidores y Usuarios del Principado y justifica en su preámbulo la restricción a la autonomía empresarial aduciendo que "una estación de servicio sin personal agrava los problemas de accesibilidad que pueden padecer las personas mayores y con discapacidad". La Administración asiente así en parte a una reivindicación permanente y recurrente de los empresarios del sector que ayer agradecía el presidente de la Asociación Asturiana de Estaciones de Servicio, Darío Rodríguez del Amo, distinguiendo expresamente entre las instalaciones de autoservicio con personal de las "low cost" anejas a los centros comerciales y de las que están completamente desatendidas, siendo éstas a las que se dirige prioritariamente su cruzada en todo el país. La región cuenta con apenas cinco estaciones de este tipo, si bien hay proyectos de instalación algunas más y otras muchas que funcionan parcialmente en este régimen, prioritariamente por la noche.
Quejas de los empresarios
El presidente regional de la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), Fernando Villa, se queja de que el proyecto exija la "presencia" de trabajadores sin especificar su cualificación, lo cual "salva" a las llamadas "low cost" que han crecido junto a los grandes centros comerciales y que sí tienen personal, pero son cajeros que se dedican exclusivamente a cobrar, que están sujetos a un régimen distinto al de los gasolineros y no cuentan, afirma Villa, con la preparación necesaria para responder a los problemas que pueda generar la manipulación de una materia inflamable por parte de los conductores. "Pedimos no que se exija la presencia de una persona", asegura, "sino la de una con los conocimientos adecuados de acuerdo a lo que especifican los convenios del sector". Él llama la atención sobre la paradoja de que "para vender una chocolatina se exija un carnet de manipulador de alimentos y cualquiera, incluso un menor, puede dispensar un producto inflamable".
Rodríguez del Amo anuncia además que el colectivo extenderá sus demandas de prohibición también al horario nocturno, que inicialmente no contempla el anteproyecto de ley. "Trabajamos con productos peligrosos", alerta, y en las condiciones actuales de libertad absoluta "puede darse el caso de que una persona venga a la estación y cargue una cantidad enorme de combustible", con los riesgos que eso acarrea a la luz del día y por la noche. Es ahí donde incide la argumentación de la propuesta, aportando motivos relacionados con "la seguridad y la salud de los consumidores" para justificar el establecimiento de límites a la actividad económica.
El problema fue el verano pasado materia de debate parlamentario a iniciativa del PP, que llevó a la Junta las demandas del sector respecto al peligro de dejar sin vigilancia una materia inflamable como el combustible. La diputada Emma Ramos requirió una regulación del consejero de Sanidad, Francisco del Busto, por ser esa Consejería la competente en materia de protección de los consumidores, y éste justificó entonces el retraso de la regulación asegurando que cabía en este asunto la "prudencia", toda vez que algunas de las autonomías que habían legislado, entre ellas Valencia, tenían interpuesta una "tacha de inconstitucionalidad" desde el Ministerio de Hacienda. Ahora, la resolución argumenta con el interés general la posible objeción que pueda generar su decisión de poner restricciones a la actividad económica.
