Un error del ayuntamiento de Siero con el despido de una beneficiaria del Plan Local de Empleo de 2014 le ha costado más de 45.000 euros brutos de indemnización. El Consistorio perdió contra la demandante en un primer juicio por el que la trabajadora pasaba a formar parte de la plantilla municipal y le debían pagar además la diferencia salarial entre lo abonado y lo que le correspondía realmente cobrar como licenciada. El ayuntamiento recurrió y depositó la cuantía en el juzgado pero se "olvidó" de ejecutar el despido e incluirlo en el recurso, por lo que tuvo que despedirla por segunda vez. Fuentes jurídicas y de la abogacía coincidieron en señalar que desconocían que se hubiera producido otro caso similar
La beneficiaria, con titulación universitaria, entró a trabajar en el Ayuntamiento para cubrir un puesto y unas tareas específicas, y dependía además directamente del alcalde. Según la sentencia, realizaba las tareas como profesional y no como "formación práctica, pues esos trabajos no los desarrolló bajo la supervisión de otros que le enseñen como realizarlos, pues era la única" profesional que realizaba dichas tareas en el Ayuntamiento.
Pero además, el contrato firmado era por obra y servicio, lo que implica que debe tratarse de una actividad con un principio y un fin, lo que tampoco se dio en este caso porque se comprobó que la misma plaza también figuraba en la convocatoria anterior.
En resumen, que la sentencia consideró que el contrato incurría en fraude de ley y por tanto la trabajadora tenía que pasar a formar parte de la plantilla municipal, lo que suponía además que el Ayuntamiento le tenía que pagar en lugar de 800 euros (en números redondos) al mes los más de 2.000 que le correspondían por su titulación y categoría.
El Consistorio recurrió la sentencia, pero no incluyó el despido, con lo que pasó el plazo legal y por tanto pasó a estar readmitida en su puesto. Se celebró entonces lo que se denomina un "incidente de readmisión", y tiene que ser despedida de nuevo.
El periplo judicial supuso que la trabajadora empezara en su puesto en octubre de 2014 por un plazo de un año, pero cuando terminó era en febrero de 2016.
"Lo más grave es el dineral público que costó la indemnización de esta persona en un caso que carece de precedente. No se sabe de ninguna trabajadora pública, funcionaria o empleada, que fuera despedida dos veces", indicaron las fuentes consultadas.
