La ley que regula la financiación de los partidos políticos deja la puerta entreabierta y todos han entrado por ella. Su recuento de las fuentes públicas de ingresos admitidas incluye expresamente las aportaciones que los partidos pueden recibir desde los grupos parlamentarios de las cámaras autonómicas. Al calor de la norma, los de la Junta General del Principado aceptan y envían habitualmente una parte variable de las asignaciones que les otorga el parlamento a nutrir las arcas de sus formaciones. Pueden repartir el dinero -en esta legislatura en total 2,7 millones de euros anuales distribuidos de modo desigual en función de la representación parlamentaria- entre las necesidades del grupo y las del partido y todos lo hacen en el porcentaje cambiante que le dicta a cada uno su programación financiera.
La suma del desembolso total en asignaciones a grupos se acercará pronto a esos 2,7 millones en lo que va de esta legislatura próxima a su primer cumpleaños. La porción de esa cantidad que termina en las cuentas de los partidos varía en función del grupo y algunos se guardan de que se conozca el detalle del reparto. El porcentaje se movió en la segunda mitad del año pasado, según fuentes parlamentarias, entre el 97 por ciento de Foro y el diecinueve de Ciudadanos, pasando por el 48 del PP, el 81 de Podemos, el 95 de IU y el 96 del PSOE.
En un asunto que viene de ser devuelto al debate público por el presunto cargo de gastos de campaña electoral a las cuentas del grupo parlamentario de Ciudadanos en Murcia, las formaciones en Asturias afirman que hacen uso de la potestad que sobre esos fondos, adicionales a los salarios de los diputados, les concede la legislación vigente. Pueden destinarlos, según decretó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990, bien a "facilitar la participación de los diputados en las funciones institucionales de la Junta" o, en cumplimiento de la ley de partidos, a financiarlos. Algunos de ellos añaden en su descargo que además de ser legales, esas transferencias cuentan con el aval de la doble fiscalización de la Intervención de la cámara, que controla los gastos de los grupos, y el Tribunal de Cuentas, las transferencias a los partidos.
El procedimiento es similar en la mayor parte de los casos. El Grupo Socialista, por ejemplo, mantiene desde hace años que esas cantidades se envían a una "caja común" para gastos tanto del grupo parlamentario como de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Sólo destapan cifras concretas Podemos y el PSOE. Los socialistas aportaron al partido 340.000 de los 353.000 euros recibidos en los menos de seis meses que la legislatura consumió en 2015. En ese periodo, la formación morada recibió un total de 274.170 euros de los que 222.000 fueron destinados al partido y el resto a sufragar gastos varios del grupo como los de gestoría, el material de oficina, el transporte de diputados para viajes efectuados en condición de tales o, entre otros capítulos, una asesoría fiscal contratada al comienzo de su actividad parlamentaria para ayudar en el "aterrizaje" en la Junta.
El reparto, añaden fuentes del PP, varía de un mes a otro según las necesidades cambiantes del partido y del grupo, pero las dos partidas están sujetas a la doble inspección de la Intervención de la Junta y el Tribunal de Cuentas, en su caso también al control duplicado que garantiza, afirman, tener tesoreros independientes en el grupo y en el partido. Foro añade que presenta cada año al Tribunal de Cuentas tanto la contabilidad del grupo parlamentario como la del partido, y que los suyos "son los gastos corrientes y habituales de un partido político", mientras Ciudadanos se ciñe a la posibilidad que le asiste del reparto entre la transferencia al partido y la necesidad de sufragar los gastos del grupo en acopio de material, servicios de documentación, consultoría externa y otra batería de actividades varias.
El caso es que todos hacen uso de la prerrogativa legal del traspaso al partido. Disponen así del destino de las subvenciones que les otorga su representación parlamentaria, cuya cuantía responde al acuerdo que alcanza la Mesa de la cámara oída la Junta de Portavoces al comienzo de cada legislatura. A la vista del convenio adoptado hace casi un año, coincidiendo con la constitución del parlamento autonómico, cada grupo recibe al mes un fijo de 19.680 euros y 2.500 adicionales por diputado. Al año, pues, las asignaciones se mueven entre los 656.160 euros a que tiene derecho el PSOE y los 326.160 que comparten Foro y Ciudadanos. Entre ambas cantidades están la subvención del PP, que recibe 566.160, y las de Podemos, con 506.160, e IU, que puede disponer de 386.160 por ejercicio.
A todos ellos se dirige además el proyecto de ley de Transparencia, que se encuentra en la fase previa a su tramitación en la Junta General del Principado y que prevé incluir para los partidos políticos la obligación de facilitar información sobre el destino de las subvenciones que reciben del parlamento. El texto pone a los grupos al nivel de los sindicatos y las organizaciones empresariales que reciben ayudas con cargo a las cuentas de la Administración autonómica y les amenaza con la imposición de "multas coercitivas" en caso de negativa a facilitar la información solicitada.
