Los juristas reclaman cambios en el proyecto de ley para la suspensión de las deudas del organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), que ha registrado Podemos en la Junta General del Principado. Los expertos jurídicos comparecieron ayer en una intensa ponencia maratoniana, que se prolongó más de siete horas en el Parlamento autonómico y que dio la posibilidad de desahogar, en sede parlamentaria, a numerosos familiares de residentes ya fallecidos a los que el Principado reclama cantidades económicas importantes por la atención prestada. Los familiares aseguran que no recibieron información del ERA durante años y que incluso se les había asegurado que dicha prestación no generaba deudas con la entrada en vigor de la ley de Dependencia.
La ponencia parlamentaria puso de manifiesto la diversa casuística que rodea a un problema con miles de afectados en Asturias. Los expertos en derecho privado y civil que comparecieron ayer ante la Junta General expusieron conclusiones distintas y hasta opuestas sobre las liquidaciones practicadas a los herederos de los residentes fallecidos, pero coincidieron en la conveniencia de introducir cambios en el proyecto legislativo presentado por Podemos, que catalogaron de "mejorable".
"Este proyecto de ley es un primer paso y pone de manifiesto que algo se estaba haciendo mal", afirmó el catedrático de Derecho Privado Ramón Durán, que vio conveniente regular mediante una ley la suspensión de las liquidaciones de las deudas reclamadas a los herederos, así como la revisión de los expedientes. "Hace falta poner remedio a los desmanes producidos", señaló Durán, para el que este asunto "no es un problema de izquierdas o derechas, sino de derecho social". El catedrático se alejó de los tecnicismos al exponer, de manera muy gráfica, que "esta ley puede parecer como matar moscas a cañonazos, pero es tal el número de moscas que alguna norma habrá que adoptar". Y mantuvo que las familias tienen derecho a tener recibos de esa prestación: "Decir lo contrario es inaudito".
El abogado y economista Ignacio Blanco apuntó su preferencia por una norma con rango de ley que permita a los familiares de los residentes fallecidos antes del 1 de enero de 2011 "optar por el régimen más beneficioso y en el caso de que se hubiera liquidado un impuesto de sucesiones indebido establecer un retorno de ese pago". Eduardo Estrada, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, planteó abundantes dudas sobre la viabilidad del proyecto de ley promovido por Podemos. "El anciano merece toda la protección, pero hay herederos que se han lucrado. La proposición de ley, en los términos actuales, no está de acuerdo con los principios de igualdad y enriquecimiento injusto", advirtió Estrada.
En cambio, Alberto Suárez, abogado de alguna de las familias, destacó los "efectos positivos" de la iniciativa legislativa de Podemos. "Esta proposición ha permitido visualizar que el Parlamento hace algo para estudiar este problema y, además, ha dado la voz a los afectados".
La comparecencia en la sala "Constitución" había arrancado a las nueve de la mañana con la presencia de familiares, cuyos testimonios fueron muy críticos con el Gobierno y, en algún caso, con el funcionamiento de las residencias públicas. "Es una vergüenza lo que se hace con nuestros mayores, la gestión del ERA es desastrosa. Han jugado al Monopoly con nuestros impuestos, han cometido fechorías, habéis acabado con los valores de esta sociedad, pero sacaremos a la luz todas las miserias del ERA", afirmó Ernesto Díaz Sarasola, a quien en noviembre pasado comunicaron una deuda de 30.072 euros. "Nadie se dirigió a mí para comunicar que mi madre estaba generando deuda", aseguró. "Están utilizando las residencias como hospitales clandestinos, lo que es perjudicial para los enfermos y residentes", denunció José Mauro Cuesta. "A mi madre , una persona analfabeta y con alzhéimer, la hicieron firmar el contrato de hospedaje con su huella. A mi padre, que era su tutor, no le dijeron ni una palabra", censuró María José Álvarez. "Este proceso nos ha costado depresiones, discusiones y rotura de relaciones familiares", añadió.
"Han dejado a las familias sin aliento", lamentó José Luis Alonso Cuadra, al que reclaman 42.000 euros por la atención a su madre. "Me aseguraron que con el 75 por ciento de la pensión de mi madre no se generaba deuda. Nos han engañado y no somos trileros, somos personas", abundó. Jaime Acevedo, en paro y cobrando el salario social, tiene una deuda, por los cuidados a su abuela, de 52.000 euros y un embargo en orden ejecutiva. "No vengo a dar pena, espero que la próxima vez que les vea no sea tirado en la calle". Marcelino Laruelo, de la Oficina de Defensa del Anciano, exigió "un cambio de rumbo en el ERA".
Por el contrario, Aleida García, de Asociaciones de Familiares, y Dolores San Martín, de la Federación de Mayores, sí afirmaron estar informadas de las deudas con el argumento de que no se trata de un servicio gratuito. "Es muy importante mantener un organismo como el ERA, que no hay en otras autonomías", defendió San Martín. El portavoz popular, Matías Rodríguez Feito, anunció el apoyo a la proposición de ley "porque el Gobierno socialista no lo ha hecho bien".
