"No hay nada". "No hubo ninguna corrupción". Ésas fueron las frases más repetidas ayer en los Juzgados de Lugo entre los principales encausados llamados por la juez instructora del "caso Pokémon", Pilar de Lara, aunque sólo declararon algunos representantes del Ayuntamiento de Gozón. Tanto el exalcalde gozoniego Salvador Fernández como el expresidente y exconcejal del PP de Navia Roberto Santiago se acogieron a su derecho a guardar silencio. El exregidor de Salas José Manuel Menéndez y el exedil de Economía de ese Ayuntamiento Alberto Díez de Tejada ni siquiera viajaron a Lugo porque no les llegó la citación para que lo hicieran. Ambos serán convocados por la juez para el próximo 30 de junio. El más explícito fue el exregidor gozoniego Ramón Artime, quien aseguró que la culpa de verse declarando todos otra vez en Lugo es "de los comunistas, que sólo han traído hambre y miseria y no admiten la buena gestión del PP".
El único que respondió a las preguntas de la juez instructora del "caso Pokémon" fue Ramón Artime, quien afirmó estar "tranquilo y encantado" porque "no hay nada que ocultar". Y añadió que "todos" los viajes que realizó "están perfectamente documentados y justificados y los pagó ASAJA (es el presidente del sindicato agrario en Asturias)", e insistió en que lo demostró en los Juzgados de Avilés, por lo que le fue retirada la imputación en su día.
Los investigadores vinculan la ampliación del contrato de Gozón con Aquagest a un viaje presuntamente pagado por la compañía en Barcelona. Según fuentes próximas al caso, ese viaje se realizó en el marco de la Feria Ecocity de 2009 para recoger el VII Premio "Ciudad Sostenible" por un proyecto sobre el Cabo Peñas. A dicho viaje también acudieron la edil Paula Miguélez, el técnico de formación Víctor Cuervo y el secretario municipal José Antonio Soto López. Según las mismas fuentes, el viaje lo pagó Aquagest porque era el patrocinador, información que los ahora encausados desconocían.
Artime afirmó a su llegada a los Juzgados que "en Gozón no hay corrupción, sino persecución política por los comunistas, que son incapaces de admitir la buena gestión que el PP hizo del agua cuando gobernó en Gozón". Según explicó, cuando gobernaron el PSOE e IU, "de cada 1.450.000 metros cúbicos de agua que se compraban a Cadasa, el Ayuntamiento cobraba el 11 por ciento. Alguno debería estar en la cárcel, y eso es lo que ha corregido el PP". Y fue más allá afirmando que "hambre y miseria es lo único que ha traído el comunismo y con eso es con lo que acabó el PP en Gozón en lo que se refiere al agua".
Tras declarar ante la juez, afirmó: "Siempre preguntan lo mismo". Y añadió que "el Ayuntamiento de Gozón ya estuvo ante el Tribunal de Cuentas, denunciado por IU, y nos dio la razón, como en Avilés; esperemos que ahora en Lugo también". Negó que se hubiera tomado decisión alguna sin informe técnico favorable: "No nos vendemos por un viaje", añadió.
"No hubo prebendas"
Salvador Fernández, el otro exalcalde gozoniego del PP que compareció ayer, se acogió a su derecho a no declarar "por estrategia procesal", e indicó que lo hará por escrito. Insistió a su llegada en que "no hubo corrupción en Gozón" y calificó de "despropósito" el auto de su imputación: "Se basa sólo en una denuncia de IU que se sustenta en premisas falsas: un estudio de la Sindicatura de Cuentas, que es un órgano político, posterior a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que decía que todo estaba bien. Y en un estudio de un tesorero que llevaba poco tiempo y cogió unos datos".
El exregidor negó que hubiera prebendas cuando se firmó la ampliación del contrato del agua en 2009. "Estaba todo aprobado de 2005 y hubo que hacer el proyecto y había un recurso de Aqualia en los tribunales. El 16 de enero de 2008 salió la sentencia y ya está", afirmó.
Fernández se negó a hablar del viaje a Roma que realizaron él y su esposa en noviembre de 2007. Con voz emocionada se limitó a decir: "Ella murió hace siete meses y no voy a añadir más morbo a todo esto. Se lo explicaré todo a la juez por escrito". Tampoco declararon Javier Artime y Paola Muñiz, hijo y nuera de Ramón Artime. Aunque rechazaron declarar al ser familiares en primer grado de uno de los imputados.
A continuación declaró la exconcejala de Gozón Paula Miguel Menéndez, a la que la juez le preguntó por un viaje a Barcelona. "Fue una declaración breve, para explicar que nos entregaron un premio y fuimos a recogerlo, además de yo misma, Ramón Artime en representación de Salvador Fernández; Víctor Cuervo, responsable de Formación, y el secretario, José Antonio Soto, que elaboraron y gestionaron el proyecto ganador. Pero estábamos nosotros y muchos ayuntamientos más de España". Tras ella declararon, en el mismo sentido, Cuervo y Soto.
El primero en comparecer por la mañana fue Roberto Santiago, expresidente y exconcejal del PP de Navia, al que se le vincula a la empresa Ingenium, la asesoría de Joaquín Fernández, principal encausado en la supuesta trama del agua. Presuntamente participó, junto a otros cargos políticos, en un viaje de fin de semana a La Coruña entre el 16 y el 18 de octubre de 2009 sufragado por Aquagest, la empresa que, según los investigadores, agasajaba a políticos a cambio de concesiones. Santiago se acogió a su derecho a no declarar, pero dijo estar "tranquilo porque no hay nada".
Tras él debían comparecer José Manuel Menéndez Fernández, exalcalde socialista de Salas, al que la juez De Lara investiga por un presunto delito de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Pero no se presentó porque no recibió la citación. En su lugar le llegó a otro José Manuel Fernández, maderista de San Cucao de Llanera, que nada tiene que ver con el exregidor.
Tampoco se presentó, porque no recibió la citación, el exedil de Salas Alberto Díez de Tejada, al que se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El abogado Fernando Barutell, que lleva la acusación particular del Ayuntamiento de Salas, se quedó con las ganas de preguntar a ambos por unas facturas halladas recientemente para el abono de obras que, al parecer, no fueron recepcionadas. "Evidentemente, si no fueron citados no tienen por qué comparecer. Están en su derecho de no venir", pero también añadió que "han hecho poco esfuerzo por comparecer para aclarar las cosas, porque deben de ser los únicos salenses que no sabían que hoy tenían que declarar en Lugo. Esperemos que lo hagan en algún momento".
