"Me consta que los fiscales están haciendo un gran esfuerzo por revisar los asuntos en cumplimiento de la ley de Enjuiciamiento con unas herramientas muy insuficientes, y también los funcionarios", admitió ayer por la tarde el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que participó en la inauguración de las XXXV Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica, que se celebran en Oviedo, con presencia de la presidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega. Catalá indicó no obstante que están "trabajando para tener un sistema de gestión procesal común". El ministro reivindicó las reformas realizadas en "una legislatura fecunda", y puso también en valor lo que han "dejado de hacer", las leyes en las que han dado marcha atrás como la de servicios profesionales o la de tasas.

Antes de su intervención en el Colegio de Abogados, ante las máximas autoridades de la Justicia en Asturias, Catalá se refirió brevemente a dos asuntos de actualidad. Respecto a la concurrencia de Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu, a las elecciones, indicó que espera que la Junta Electoral Central o los tribunales confirmen una inhabilitación que la Audiencia Nacional ya ha establecido hasta 2021. "Que se cumplan las sentencias nunca puede crear conflictividad, es inimaginable", señaló, y añadió que los fallos judiciales se cumplen "gusten o no". Por otro lado, Catalá también rechazó la idea de que los jueces actúen con animadversión hacia el PP, por la fianza de 1,2 millones que se ha impuesto al partido en el caso de los papeles de Bárcenas. "Ni contra el PP ni contra nadie", indicó. "Lo que queremos todos es que las causas se resuelvan rápido y se instruyan con agilidad", añadió el ministro en funciones.

Como no podía ser de otro modo ante un auditorio formado sobre todo por letrados, el ministro resaltó el papel que han tenido los abogados a la hora de diseñar, por ejemplo, el estatuto del investigado o la ley de segunda oportunidad.

Catalá reivindicó que las reformas que ha llevado adelante han estado basadas en el diálogo, y citó solo algunas de las 14 que han sacado adelante, como la de la ley de enjuiciamiento criminal, la de la ley de enjuiciamiento civil, la del Código Penal o el estatuto de la víctima. El ministro reclamó como un acierto que no se suprimiesen los partidos judiciales, una medida que "generaba gran incertidumbre no solo entre los profesionales, sino también entre los usuarios".

En cuanto a la ley de tasas, trató de explicar el aumento de las mismas. "En el inicio de 2012, estábamos al borde de la quiebra financiera como nación, por eso el Gobierno tuvo que tomar decisiones muy ingratas, incluso contrarias a nuestro ADN, como subir los impuestos y las tasas. En cuanto pudimos retomar este asunto, eliminamos las tasas a las personas físicas", justificó.

Una de las últimas iniciativas del ministro ha sido la implantación de sistemas electrónicos de gestión judicial "absolutamente normales en la sociedad española". Y afirmó: "Constituye un avance sin retorno".