Más de 3.100 funcionarios han formalizado ante el Principado la solicitud de reconocimiento de la segunda categoría de la carrera profesional, según los datos que maneja la Consejería de Hacienda y Sector Pública. La reclamación del complemento salarial parejo a ese reconocimiento profesional podría acarrear un nuevo litigio judicial para el Gobierno regional, que ha decidido regular a través de una nueva ley de medidas retributivas la congelación de dicha subida, con el argumento de la falta de disponibilidad presupuestaria.

Los más de tres mil funcionarios que han solicitado ya la segunda categoría de la carrera profesional suponen, prácticamente, la mitad de los empleados públicos que tienen la antigüedad necesaria para acogerse a ese escalón, según las estimaciones sindicales. Ese reconocimiento debía llevar parejo un incremento salarial, según preveía la ley que entró en vigor en la etapa de Vicente Álvarez Areces, en 2011, pero el Gobierno socialista ha elaborado una nueva normativa, también con rango de ley, que se aprobará previsiblemente el próximo 10 de junio, y que congela dicho pago "sine die" hasta que mejore la situación económica. En ese mismo texto incluye, como argumento compensatorio, la subida del 1% a todos los empleados del Principado, sean o no funcionarios. El personal interino del Principado no cobra carrera profesional: aunque hay sentencias que reconocen ese derecho, no hay unanimidad ni jurisprudencia que marque un criterio único.

El reglamento de la carrera profesional en la Administración asturiana establece un total de cuatro categorías, que se alcanzan previo cumplimiento de unos requisitos de antigüedad pero también de unos compromisos de formación y del desempeño del puesto, que han de ser evaluados por los respectivos superiores de los funcionarios. Y aquí es donde surge el primer motivo de queja de la práctica totalidad de los sindicatos de la función pública. "El personal ha superado las evaluaciones durante seis años y ha mejorado su formación y ahora el que no cumple el compromiso de reconocer ese esfuerzo es el Gobierno", coinciden los dirigentes de centrales tan dispares como UGT, CC OO, USIPA y CSIF.

Para acceder a la primera categoría de la carrera profesional hay que acreditar 5 años de antigüedad como funcionario, para lograr la segunda categoría han de superarse evaluaciones del desempeño del empleo durante 6 años; el tercer escalón requiere 8 años más y alcanzar una determinada puntuación mientras que para alcanzar la cuarta hacen falta 10 años más y no haber recibido ocho evaluaciones negativas. En la actualidad, los funcionarios están recibiendo el abono de la primera categoría, que oscila entre los 557 euros al año (distribuidos en 12 nóminas) para el grupo E de subalternos y operarios; los 729 euros para el grupo C2; 901 euros para el grupo C1; 1.373 euros para el grupo A2 y 2.145 euros para el grupo A1. La nueva ley de medidas retributivas del Principado, en tramitación en la Junta General y para la que varios grupos de la oposición han anunciado enmiendas, establece esos mismos abonos para la segunda categoría de la carrera profesional.

Los sindicatos, de momento, están a la expectativa hasta conocer el texto definitivo de la nueva ley autonómica sobre medidas retributivas pero no descartan presentar algún tipo de reclamaciones. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ha planteado en el Parlamento que esa congelación retributiva "es transitoria", aunque las centrales sindicales recelan.