La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, admitió ayer que el futuro de la Sociedad mixta de gestión y promoción del suelo Sogepsa depende de "la aritmética parlamentaria". Antes de entrar al consejo de administración de la entidad, Fernández señaló que la voluntad del Gobierno es que Sogepsa sea pública, "pero unos se posicionan claramente y otros no".

Sogepsa acumula una deuda próxima a los 150 millones de euros, está en preconcurso de acreedores y tiene en marcha un plan de viabilidad ante su delicadísima situación económica, con avales que comprometen al Principado por 98 millones.

La Consejera indicó que el Gobierno regional quiere presentar en la Junta General del Principado al inicio del próximo periodo de sesiones la ley por la que Sogepsa pasaría a ser una entidad pública. Es decir, en septiembre "si nos diera tiempo, que creemos que sí, una vez que pase todos los trámites previos", como el de someterse al informe del Consejo Consultivo, entre otros.

A partir de ahí, se iniciará el debate parlamentario. Izquierda Unida (IU) es el único grupo parlamentario que públicamente se ha posicionado defendiendo que Sogepsa sea una sociedad pública. El resto no ha dicho aún con claridad cuáles son sus intenciones.

Belén Fernández eludió posicionarse ante al denuncia realizada por Podemos de que el gerente de la entidad, José María Quirós Zarauza, fundó y fue copropietario de una empresa del sector audiovisual, Clipbook, pese a que el contrato que tiene con la Sociedad Mixta, de 87.407 euros anuales, especifica que no puede realizar ni por cuenta propia ni ajena actividad empresarial alguna fuera de Sogepsa.

"Estamos recopilando información para analizarlo todo antes de adoptar una decisión", afirmó la Consejera.

Podemos también denunció que cinco directivos de la sociedad ahora en preconcurso de acreedores, cobraron en la última década más de 200.000 euros en bonificaciones.