La futura ley de asturianía dará cobertura por primera vez a los emigrantes retornados del extranjero. Esta es una de las novedades que incorpora el proyecto legislativo aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que inicia ahora una nueva andadura en el Parlamento asturiano tras no poder culminar su tramitación en la anterior legislatura autonómica. El texto pretende dar respuesta las necesidades de los 126.000 asturianos residentes en el extranjero y sus descendientes, según las estimaciones del Principado.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, valoró muy positivamente la importante participación y aportación de propuestas de los colectivos y asociaciones que trabajan en el ámbito de la emigración. El anteproyecto contó ya en la anterior legislatura con el respaldo del Consejo de Comunidades Asturianas.

El texto permite modernizar y adaptar a las nuevas necesidades una normativa vigente desde el año 1984. Una de las principales novedades radica en el tratamiento que se da a los emigrantes retornados. La futura ley garantiza medidas de apoyo para facilitar el retorno a los asturianos residentes en el extranjero y se compromete a eliminar "los obstáculos que dificulten su integración social y laboral, con particular atención a las situaciones de especial necesidad, a los menores desprotegidos y a las víctimas de violencia de género".

La nueva ley define, además, las requisitos que dan derecho a la obtención de la condición de asturianía, que engloba varios supuestos: los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Asturias, y puedan acreditarlo, y sus descendientes con nacionalidad española; también los ciudadanos que hayan nacido en Asturias que ahora vivan en países del extranjero o en otras autonomías así como sus descendientes.

Escuela de asturianía

La compleja coyuntura económica también deja su impronta en la futura normativa: el anteproyecto abre la puerta a la organización de una Escuela de asturianía si bien, precisa, "siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan". El consejero de Presidencia destacó que el texto prevé igualmente la celebración de un congreso mundial de asturianía cada cuatro años "a fin de dar voz a la emigración" y promover las relaciones entre las comunidades asturianas y las instituciones de la región.

La elaboración de un plan integral de emigración cada cuatro años, para su remisión al Parlamento regional, es otro de los compromisos contenidos en una ley que ahora deberá pasar por la Junta General, aunque en el mejor de los supuestos, su aprobación no será ya posible hasta el segundo período de sesiones de este año, a partir de octubre.