El letrado de Marta Renedo, José Carlos García Hernández, aseguró ayer que está dispuesto a plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para aclarar qué órgano debe dirimir las responsabilidades civiles. Y es que este mes, coincidiendo con el juicio que se celebra en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, han sido convocadas dos vistas en Tribunal de Cuentas para juzgar la responsabilidad contable en relación con el expediente del equipamiento de Belén de la Montaña (Valdés) y las contrataciones de personal a través de la empresa ASAC Comunicaciones. Son solo dos de los ocho procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas, a raíz de que el entonces diputado regional de UPyD, Ignacio Prendes, remitiese los expedientes dudosos al órgano fiscalizador con sede en Madrid. "No estoy dispuesto a que se nos juzgue dos veces", indicó el letrado de Renedo. El letrado indica que, mientras que la letrada del Principado reclama en Oviedo que sea la Audiencia la que dirima las responsabilidades civiles, en Madrid, en el Tribunal de Cuentas, otro letrado del Principado ha manifestado que debe ser este último órgano el que establezca el alcance del daño económico.
Hay un problema añadido, según la defensa de Marta Renedo. El Principado está aportando al Tribunal de Cuentas, y a petición de este mismo órgano, una documentación distinta de la que es objeto de juicio en la Audiencia. Además, el Principado valora el daño patrimonial causado por determinados expedientes de forma distinta en la Audiencia o el Tribunal de Cuentas. E incluso, indica la defensa de Renedo, está intentado "colar" los documentos remitidos a Cuentas en el juicio que se dirime en la Audiencia, a pesar de que dan cuenta de presuntos ilícitos que no se contemplan en la instrucción.
Ayer mismo la sección tercera dictó una providencia en la que se indica que quedarán segregados de los citados informes aquellos asuntos que no se incluyan en el auto de procesamiento. Entre ellos se cuenta un total de 33 expedientes dudosos que afectan tanto a Renedo como a Maximino Fernández (ASAC Comunicaciones), Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA). Se trata de contratos menores, por un importe de entre 4.000 y 20.000 euros, que suman más de 400.000 euros. Son contratos que no fueron analizados durante la instrucción del caso. Ya ocurrió lo mismo con respecto a las irregularidades observadas en el material servido a 87 centros escolares, que aunque hayan quedado fuera del juicio, están siendo investigadas ahora por la Fiscalía.
La defensa de Renedo, en el escrito remitido al tribunal que dio lugar a la providencia, indica que solicitó en diversas ocasiones "originales o copias compulsadas de los expedientes cuya falsedad o manipulación se imputa" a Renedo. "Ante los diversos requerimientos no se ha aportado la documentación requerida, desobedeciendo absolutamente al Tribunal e intentado aportar expedientes que nada tienen que ver con el objeto del proceso", añade el escrito.
Apreciaciones insultantes
A esos requerimientos respondió el Principado con un informe de la Secretaria General Técnica, Margarita González Marroquín, en la que se indica que "se ha aportado la documentación objeto del proceso". El letrado de Renedo añade que el tono del citado informe está lleno de manifestaciones insultantes, del tipo: "Miente la representación procesal de Marta Renedo", "es totalmente falso que aparezcan empresas nuevas" o "falsedad de las afirmaciones de Marta Renedo".
Por ello pide que la letrada del Principado, Isabel González Cachero, sea "corregida disciplinariamente", al considerar que "debería filtrar los escritos que le dan, evitando que un funcionario llame mentiroso o falsario a un letrado". Sobre este punto, el presidente de la sección tercera, Javier Domínguez Begega, indicó que no había leído el informe de la Secretaria General Técnica y que no consentiría faltas de respeto.
