Los testigos que declararon esta mañana en el "caso Marea", directores de centros y personal funcionario de la Consejería de Educación, coincidieron ayer en que la exdirectora general María Jesús Otero, no daba órdenes sobre las compras que había que realizar, los precios o con qué empresas había que contratar. Los responsables de los centros resaltaron que tenían cierta autonomía en gastos de poco importe, pero en obras de envergadura o si se trataba de mobiliario, era la Consejería la que se encargaba de las contrataciones, que se hacían con varias empresas pero principalmente con Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). También señalaron que las facturas se pasaban a la Secretaria General Técnica.
