04 de junio de 2016
04.06.2016

La defensa de Otero mantiene que no hubo orden de comprar sólo a unas empresas

Directores de centros y funcionarios coinciden en que había autonomía para gastos menores y en que nunca detectaron irregularidades

04.06.2016 | 06:04
Letrados del "caso Marea" se dirigen a la Audiencia para iniciar la vista oral que se celebró ayer.

María Jesús Otero no daba instrucciones sobre qué comprar, ni a quién ni a qué precio. Tampoco detectaron irregularidades. Esas son las principales conclusiones de la sesión celebrada ayer por el "caso Marea", en la que declararon los testigos de la defensa de la exdirectora general de Planificación de Educación y una de las principales acusadas.

El primero en testificar fue un exdirector del instituto de Mieres, quien explicó que el centro contaba con dinero para hacer frente a gastos menores. El resto se le pedía a la Consejería. Admitió que eran Almacenes Pumarín e Igrafo los principales suministradores cuando solicitaban material, pero matizó que en un cargo como el que ocupaba "las relaciones personales no existen. Yo no estaba en el centro para hacer amigos. Yo hablaba con la persona que correspondía para pedir lo que necesitaba. Si llegaba algo que no era lo que pedíamos o no servía, lo devolvía". Y fue más allá: "No se firmaba un albarán de algo que no se recibiera".

La siguiente testigo fue la directora del colegio Ramón de Campoamor de Gijón, quien explicó que tenían autonomía de gasto hasta 600 euros, y a partir de ahí había que solicitar permiso a la Consejería y presentar tres presupuestos. Admitió que en el marco de sus competencias trabajaban más con APSA, "sin intervención de la Consejería". "El criterio era el precio, lo más barato", afirmó. Relató que hubo que desalojar el centro por unos problemas graves de estructura y que la Consejería actuó con "rapidez y en septiembre los niños empezaron al colegio".

El que fuera jefe de servicio de Formación Profesional de septiembre de 2011 a julio de 2012 y previamente director del Centro Integrado de Avilés aseveró no tener conocimiento de ningún tipo de incidencia en el suministro de material a los centros".

La que mejor verbalizó el objetivo que perseguía la defensa de Otero fue una funcionaria que ocupó la jefatura de la sección de becas, transportes y servicios complementarios, y por la que pasaban las facturas. "Nunca me dio una orden Otero de dar un contrato a una empresa por un precio. No había indicaciones".

Las testificales las cerró una exfuncionaria del gabinete del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. Su objetivo era dejar claro que sólo se compraban regalos institucionales como libros y bolígrafos, no ordenadores. Todo con factura y que nunca se le dijo que "captara empresas que nos hicieran nada".

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