Ya está aquí el lobo, pero que no cunda el pánico. Éste no es el cuento de Pedro. Aunque la especie mata al año a unas 3.000 cabezas de ganado, la cifra ni siquiera representa el 1% del censo regional y sólo afecta al 5% de las explotaciones. El director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo, pone números a una realidad que enfrenta día tras día a ganaderos y ecologistas. La polémica subió de tono esta semana con la aparición en Salas de una cabeza de lobo decapitada, hecho que el Principado "condena" y "aborrece". La consejería de Desarrollo Rural pide a los profesionales del campo "colaboración, serenidad" y, sobre todo, "que dejen a la Administración cumplir con su cometido, que es el plan de gestión del lobo".
Este programa, que fue actualizado en 2015, reserva un cupo de extracción para este año de 45 ejemplares, repartidos por siete zonas de gestión: Noroccidental, Palo/ Esva, Suroccidental, Centroccidental, Central, Centroriental y Oriental. Hasta la fecha, se han abatido en estas áreas 15 cánidos, más otros dos -uno en Mieres y otro en Cudillero, que fue atropellado- en la llamada zona de presencia esporádica, que es la que va desde Cudillero hasta Llanes y de Gozón a Mieres. "Para este territorio no hay límite; se matan todos los ejemplares que entran", explica Calvo.
El Gobierno regional diseña los cupos en base a cuatro requisitos: el censo, el número de presas silvestres, los expedientes por daños y la conflictividad social. Así, la zona centroccidental es la que más lobos permite abatir (11), ya que en ella se encuentra Belmonte de Miranda, el concejo que más expedientes por daños concentra. Con respecto a estos informes, el director general de Recursos Naturales indica que en lo que va de año han disminuido un 20%, al igual que el importe de la indemnizaciones, en un 22%. Estos datos demuestran, según el Principado, que los ataques no han repuntado, tal y como denuncian las organizaciones agrarias. De hecho, si se toma como referencia el período 2008- 2016, "las cifras son más o menos estables, sin variaciones significativas".
En términos anuales, las indemnizaciones se sitúan en el millón de euros, lo cual es inferior al 0,4% de la renta agraria. En este sentido, Manuel Calvo afirma que los baremos que utiliza el Principado para pagar a los afectados -no se actualizan desde 2007- están "por encima de la cuantía que dan las aseguradoras". Además, la Administración regional "contempla una prima del 10% por si los ataques se producen en espacios naturales protegidos ya declarados. Es decir, parques naturales, reservas, paisajes protegidos...", agrega Calvo. Frente a las críticas que hacen los ganaderos sobre la valoración de los daños, el director general de Recursos Naturales sale en defensa de los guardas de la Consejería -unos 140- e insiste en que los exámenes son "objetivos". "Los guardas tienen una larga experiencia en esto. Lo único que se les pide es que sean objetivos y que reflejen lo que vean", dice. Declararán por tanto que un animal ha muerto a consecuencia del ataque de un lobo cuando haya "señales evidentes en el cadáver, restos de sangre, huellas o excrementos que así lo demuestren". "Les aseguro que cuando se cumplen estos requisitos, los guardas marcan la casilla de daños del lobo", apunta.
Actualmente, en Asturias el número de manadas ronda la treintena. A la espera de conocer los datos del año pasado, los de 2013 (37 grupos familiares) y 2014 (39) cumplen esta tendencia. Los datos se mantienen estables en los últimos años, insiste Manuel Calvo, quien precisa que determinar el número total de individuos es sumamente complejo. No existe un método único que permita obtener una estimación fiable y precisa del tamaño de la población. La localización de manadas se hacen a través de escuchas y la visualización de excrementos o huellas por parte de los guardas de la consejería de Recursos Naturales. Aquí es donde la Administración también es criticada por ganaderos y ecologistas, que aseguran que los censos "no se ajustan a la realidad". Calvo insiste en lo contrario: "Son datos objetivos y directos".
En base a este censo, el Gobierno establece cada año un cupo de extracción. El de 2015 fue de 50 ejemplares, pero sólo se abatieron 38. Quiere decir esto que el primer plan de gestión de lobo no era del todo eficaz en los controles, de ahí que se elaborase el segundo plan, aprobado en marzo del año pasado, para mejorar los resultados. Manuel Calvo profundiza en las dos novedades que se incluyeron en el actual programa. Por una parte, la posibilidad de abatir uno o más ejemplares en las reservas regionales de caza, "siempre previo conocimiento de la guardería". Y por otro, la realización de controles en los cotos regionales por parte de los guardas de caza y los guardas del Principado. Estas medidas garantizan el cumplimiento del cupo de extracción de este año, que es de 45. Todos los ejemplares eliminados deben cumplir con un calendario que la Administración ha diseñado teniendo en cuenta las épocas de reproducción. De esta forma, se matan más individuos de enero a abril que en el resto del año.
Desde la aprobación, a finales de diciembre de 2002, del primer plan del lobo se vienen abatiendo una media de 16 ejemplares anuales, aunque existe una gran variabilidad interanual con máximos de 32 y mínimos de 6. A estas cifras de mortalidad hay que sumar, como datos conocidos, unos 10 cánidos anuales que se registran muertos por otras causas. No obstante, "nuestra labor no termina ahí, sino que hacemos necropsias de todos los animales muertos para averiguar con exactitud sus causas", sostiene Calvo. Preocupa de forma especial los casos de envenenamiento por el riesgo que puede suponer para el resto de la fauna salvaje de Asturias.
