Los diputados y senadores de la coalición PP-Foro y el diputado socialista Antonio Trevín figuran en la lista extensa de los 384 parlamentarios que han solicitado el cobro de la llamada "indemnización de transición", la paga a la que tienen derecho como compensación por la disolución anticipada de las Cortes. La prestación se corresponde aproximadamente con los sueldos que los miembros de ambas cámaras habrían percibido en los menos de dos meses -53 días- que median entre la disolución efectiva y la jornada de reflexión de las elecciones del 26 de junio.
De los representantes asturianos elegidos el pasado 20 de diciembre, sólo han renunciado expresamente a la paga los dos diputados de Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, toda vez que los demás -en el Congreso Adriana Lastra (PSOE) e Ignacio Prendes (Ciudadanos) y en el Senado el socialista Vicente Álvarez Areces- no tienen derecho a esta contraprestación porque forman parte de las diputaciones permanentes de las cámaras y en este periodo transitorio entre legislaturas continúan ejerciendo y cobrando normalmente sus salarios. Los asturianos de Podemos están entre los 39 parlamentarios que han rechazado la paga.
En la lista de los solicitantes en el Congreso figuran los diputados populares Susana López Ares y Ramón García Cañal, el forista Isidro Martínez Oblanca y el del PSOE Antonio Trevín. En la del Senado están los dos del PP elegidos el 20-D, Ovidio Sánchez y Mario Arias, junto a Rosa Domínguez de Posada, de Foro. Las relaciones completas dicen que de los que tenían derecho a pedir el cobro -229 en el Congreso y 194 en el Senado- solamente han declinado 26 diputados y 13 senadores. Y que no hay consigna de partidos, toda vez que entre los potenciales perceptores que han presentado la solicitud los hay de todos los partidos con representación parlamentaria.
El cargo es de un millón y medio de euros en el Senado, donde el régimen de esta retribución establece una cuantía fija de 8.345,16 por senador. En el Congreso, las cantidades varían y para calcular la cuantía se toma como referencia el sueldo base de los diputados -2.813,87 euros- y se le añaden los complementos que percibía cada parlamentario en función de sus responsabilidades. Las renuncias a la indemnización en la Cámara Baja son políticamente transversales, toda vez que once de ellas vienen del PP y diez de Podemos y sus confluencias, en cuyas filas también hay 32 diputados que han solicitado la paga.
En este lapso entre legislaturas, además, diputados y senadores pueden seguir disfrutando de algunos de los atributos de sus cargos, como las tabletas nuevas que se les facilitaron, aunque con el compromiso de su devolución o en su caso adquisición "a precio de mercado" si no resultan elegidos en los comicios del próximo día 26.
