Una sentencia judicial obliga al Principado a pagar 14,7 millones de euros a Telefónica por una deuda de ocho millones, contraída con la compañía entre 1998 y 2005, que acabó generando seis millones más de intereses tras un largo litigio judicial. "No se podían abonar las facturas porque los funcionarios encargados no las consideraban correctas, al estar emitidas con retrasos y servicios fraccionados, así que lo que hicimos fue defender los intereses del Principado hasta las últimas consecuencias", aseguró ayer en la Junta el consejero de Industria y Empleo, Francisco Blanco, al ser interpelado sobre este asunto por Lorena Gil, diputada de Podemos.
Según detalló el Consejero, el pasado mes de diciembre se realizó un primer pago de ocho millones de euros. El acuerdo alcanzado con la compañía permite que los 6,6 millones restantes se abonen en dos plazos durante los ejercicios de 2017 y 2018.
El contrato que ha dado origen a la mayor parte de esta multimillonaria deuda se suscribió el 1 de octubre de 1998, para la "prestación de un servicio integrado de voz, datos e imágenes para la red corporativa del Principado". También tiene que ver otro contrato destinado a un "servicio avanzado de telecomunicaciones", fechado el 24 de junio de 2005. A la vista de los impagos del Principado, que entendía que la compañía no estaba cumpliendo los pliegos de condiciones, Telefónica decidió reclamar el abono de la deuda por la vía judicial en 2010. Sus peticiones fueron estimadas parcialmente en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que condenó a la Administración a pagar 8 millones.
La sentencia no satisfizo a ninguna de las partes y ambas recurrieron en casación al Tribunal Supremo, que en 2015 dio la razón a la empresa y condenó al Principado a abonarle 14,7 millones de euros.
Las explicaciones de Blanco no convencieron a Podemos, formación que ya se refiere a este caso como "Villa Telefónica". Lorena Gil calificó de "extraño" que se haya generado una deuda tan elevada en telefonía, "sin que exista prácticamente registro alguno en la Administración". A su juicio, en lugar de dejar de pagar y generar así millones de euros de deuda, el Gobierno del Principado debería haber acudido desde un primer momento a la vía judicial.
