El Principado calcula que este año tendrá que ayudar a unas 3.000 familias asturianas a pagar los recibos de luz, gas o cualquier otro elemento relacionado con la energía. El 41% de ellas ya reciben otras prestaciones públicas por su precariedad económica. Entre los posibles beneficiarios habrá unos 273 pensionistas que no tienen medios para poner la calefacción y cuya situación ha sido detectada por los servicios sociales municipales. Además, desde enero 14 familias se han beneficiado del acuerdo entre el Principado y EDP para que no les cortaran la luz.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, presentó ayer la línea para combatir la pobreza energética, dotada con hasta 1,4 millones de euros. La partida se incluye en el plan concertado de Servicios Sociales aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Gobierno. Esta inclusión permite, según Varela, coordinar y controlar todas las ayudas públicas que recibe una familia y asegurar que, pese a la prórroga presupuestaria, se garantice la partida económica, porque al estar incluida en el plan concertado de servicios sociales la gestión es más ágil y prevé modificaciones entre partidas.
Estas ayudas del Principado se complementan con otras de los ayuntamientos, lo que permitió que el año pasado se pasase de 474.725 euros a 516.000.
Lina Menéndez, directora general de Servicios Sociales de Proximidad, destacó que las ayudas contra la pobreza energética "se vinculan a otras de emergencia" y que a través de los servicios sociales de los ayuntamientos "se han detectado situaciones concretas, como la de personas mayores que no pueden encender la calefacción porque sus pensiones no se lo permiten. De hecho, muchos van a los centros sociales durante el día porque allí están mejor".
Las previsiones del Principado apuntan a que se atenderá a unas 3.000 familias asturianas que no pueden pagar sus facturas energéticas. Según los informes municipales, hay 900 familias que reciben el salario social y que necesitan este aporte complementario; otras 280 que cobran el paro pero en una cuantía insuficiente; 273 más son pensionistas, y de ellos 127 reciben pensiones no contributivas, y hay otras 180 familias a las que la precariedad laboral también les limita.
Pilar Varela también destacó la efectividad del acuerdo suscrito entre el Principado y la eléctrica EDP para evitar cortes de luz y gas en hogares con mayores dificultades económicas. Y señaló que hay otras dos compañías, Viesgo e Iberdrola, que estudian sumarse al acuerdo firmado el pasado 25 de enero. Desde entonces se beneficiaron 14 familias de Llanera, Oviedo, Siero, Cudillero, Colunga, Tineo y Castrillón.
