Unos 20 cargos del SOMA accedían a las cuentas de las que se habría lucrado Villa

El exsindicalista dice que ampliar por año y medio más la investigación de la querella por apropiación vulnera su "derecho a un juicio sin dilaciones"

16.06.2016 | 01:28

Unos veinte cargos del SOMA tenían firma autorizada para acceder a las cuentas de las que supuestamente se lucró José Ángel Fernández Villa, entre ellos el actual secretario del sindicato, José Luis Alperi, según sostiene en un escrito la defensa del exsindicalista y corrobora el informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil que consta en el sumario de la querella por apropiación de 430.000 euros. La letrada del exsindicalista investigado, Ana García Boto, en un recurso ante el Juzgado instructor, y subsidiariamente ante la Audiencia, pide que se informe del "tipo de facultades de disposición que tenía cada uno de ellos en cada cuenta bancaria, para ir descartando del montante imputado, aquellos cargos y gastos que hayan sido autorizados por la firma o las firmas de otras personas que no han sido llamadas al proceso como investigados, es de suponer que por no tener ningún tipo de participación delictiva como autores o cómplices". Entre esas firmas autorizadas figuran antiguos cargos del SOMA, como Aquilino Ronderos, pero también actuales, como José Luis Fernández Roces, Constantino Suárez Ordiz o Rafael Carrión.

El recurso fue presentado el pasado lunes, pero la defensa de Villa ya hizo esa misma petición en marzo. La instructora accedió a solicitar esos datos, pero la respuesta de las entidades bancarias no fue satisfactoria -de hecho la defensa de Villa se ha quejado de su falta de colaboración-, por lo que la letrada pidió que se facilitase información sobre si las facultades de disposición eran "solidarias y/o mancomunadas". La juez se negó a esta última petición, motivo por el que Villa se ha puesto en ahora en manos de la Audiencia.

Causa compleja

La juez Simonet Quelle Coto, que instruye la querella, ha declarado la causa como compleja a petición de la Fiscalía, que considera que se dan los requisitos formales para ampliar el plazo de la investigación en otro año y medio. Villa aduce que, al ampliarse el plazo, se vulnera "su derecho fundamental a un juicio sin dilaciones", argumento que apunta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional e incluso instancias superiores.

Entre las razones que da la juez para ampliar el plazo de instrucción está la necesidad de determinar si Villa está en condiciones de prestar declaración y ser enjuiciado. Por lo pronto, tanto la defensa de Villa como la de Pedro Castillejo, el otro investigado por la querella del SOMA, han recurrido la decisión de la juez de ampliar esta acción en 70.000 euros para el primero y otros 40.000 para el segundo. Castillejo ha sido citado para hoy a las nueve de la mañana para una nueva declaración ante la magistrada. Los recursos son subsidiarios de apelación, por lo que serán vistos presumiblemente por la Audiencia.

En la Audiencia se está dirimiendo ahora el recurso presentado por la defensa de Villa contra la decisión de la juez de que el exsindicalista sea examinado por uno de los mayores expertos en enfermedades neurológicas degenerativas, a petición del SOMA. La defensa de Villa, a cargo de Ana G. Boto, estima que ya hay informes suficientes en la causa, como los de las forenses judiciales, que indican que el exsecretario general del SOMA no puede prestar declaración.

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