Un año más, la Consejería de Educación del Principado de Asturias convoca oposiciones para el ingreso en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. Y las convoca mal. Mal porque el director general de Personal Docente y Planificación Educativa comete presunta prevaricación al firmar una orden que sabe que incurre en ilegalidad al contravenir la normativa laboral y situarse fuera de la legislación vigente. Esta orden obliga durante varios días a los miembros de los tribunales a cumplir el horario escolar en los institutos por la mañana y a desempeñar las labores propias del tribunal por la tarde. En total, 12 horas diarias. Esta larga jornada laboral, además de ser ilegal, puede repercutir negativamente en los estudiantes del instituto, que están en pleno proceso de exámenes, recuperaciones, evaluaciones, reclamaciones, etc. Y también podría ser negativa para los opositores que van a defender sus conocimientos por las tardes con el fin de acceder al cuerpo de profesores. Todos ellos merecen la máxima atención para que puedan ser evaluados con la justicia, rigor y atención que merecen, un objetivo difícil de cumplir si la Administración educativa obliga a los integrantes de los tribunales a desarrollar una jornada laboral de 12 horas diarias, cercana al esclavismo y muy alejada de la legislación laboral española. Todo esto con un Gobierno socialista y con el silencio cómplice de las centrales sindicales.
