La sesión de ayer en el juicio por el caso Marea se inició con la intervención de uno de los agentes que participaron en los registros de Almacenes Pumarín e Igrafo. A preguntas de la fiscal el agente se refirió a las facturas encontradas en relación con obras en la nave que la empresa Geogal, propiedad de Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero Riopedre, tiene en Santiago de Compostela. Las obras las realizó Igrafo "y era evidente que Geogal no estaba pagando".
Los funcionarios de Hacienda, por su parte, reconocieron haberse sorprendido del entramado que había detrás de la exdirectora general de Planificación Educativa: "Lo más extraño es que una funcionaria del nivel retributivo de María Jesús Otero tuviera tal cúmulo de relaciones con empresas que contrataban con el Principado", aseguraron.
No solo eran obras, como ya quedó constatado anteriormente en otra sesión del juicio, y los inspectores recordaron ayer. También hay gastos en floristería, entradas para espectáculos, joyería, alimentación y hostelería e, incluso, para pagar una animación de fiesta de cumpleaños.
La abogada de Otero, sin dar nombres, animó a ampliar el campo de visión de las investigaciones:
"Con las facturas sobre productos de alimentación, esta persona [su defendida, María Jesús Otero] podría haber acabado poco menos que con el hambre en África".
