Con los datos confirmados ayer por dos de las técnicas de la Agencia Tributaria se concluye que la generosidad de los directivos de la empresa Almacenes Pumarín (APSA) es infinita. La fiscal del "caso Marea" fue clara al preguntar: ¿Cuánto calculan que percibió María Jesús Otero de APSA? La respuesta tampoco fue difusa: "1.094.000 euros". Que se dice pronto.

A la que fue directora general de Planificación Educativa y número dos de la Consejería de Educación la jornada de ayer en el juicio le resultó a todas luces incómoda. Se trataba de analizar los innumerables pagos de Almacenes Pumarín a empresas y proveedores directa o indirectamente relacionados con María Jesús Otero y con dos de las firmas de la que era socia: Buga y Cueto Mazuga, esta última de apartamentos rurales en Llanes, con María Jesús Otero como principal accionista.

Hubo murmullos en la sala cuando una de las funcionarias de Hacienda explicó que APSA llegó a costear un lote de mantas y otro de paños de cocina, supuestamente con destino a los citados apartamentos, otros 36.000 euros por el alquiler de estos equipamientos turísticos y una retahíla de facturas, hasta 18, que sumaban cerca de doscientos mil euros por viajes, se supone que de placer.

-¿Quién los disfrutaba?

-La mayor parte, familiares de María José Otero y ella misma.

La abogada de la exdirectora general de Planificación Educativa se quejó amargamente: "Aquí da la impresión de que a lo que podemos encontrar ubicación todo es de María Jesús Otero", y volvió a incidir en que desde Hacienda no se revisaron las cuentas bancarias de su defendida: "Y si no se comprueban no se puede saber si en esas cuentas hay salidas de dinero para pagar a APSA por los viajes".

La exfuncionaria Marta Renedo, otra de las encausadas, protagonizó la última parte de la sesión de la mañana. Cada vez que sale su nombre aparece también el del club Baloncesto Avilés, que va camino de convertirse en uno de los misterios del caso. Los abogados preguntan, pero nadie parece capaz de sustanciar las contraprestaciones de la supuesta ayuda recibida por este club deportivo entre los años 2007 y 2009, y que según Hacienda suma 124.000 euros. Un letrado, al final de la sesión matinal, se lo tomaba con filosofía: "Queda mucho juicio, no hay que perder la esperanza".

El momentazo de la jornada tuvo lugar cuando el abogado de Almacenes Pumarín preguntó a las dos funcionarias de la Agencia Tributaria. Quince minutos de tensión, que obligó al juez a reconducir algunas formas. La estrategia del letrado era restar responsabilidades al administrador de APSA, Alfonso Carlos Sánchez, en ocasiones con preguntas que con formato de anécdota tenían su fondo.

¿Dónde estaba ubicado el despacho de Alfonso?, preguntó el abogado a las funcionarias. "No tenía despacho", contestaron, sino que su mesa estaba situada en la cabecera de una sala de trabajo. La tesis de que la empresa Almacenes Pumarín y el propio Alfonso Carlos Sánchez no sabían que el destino de algunas compras era "la casa" de María Jesús Otero no encontró eco en las inspectoras.