Pablo Gutiérrez Vega (Avilés, 1971), licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla. Además, regenta en la ciudad hispalense una Clínica de Derechos Humanos, en la que acepta ciertos casos especiales en los que ejerce como abogado, acompañado de sus alumnos. Uno de estos casos es el de los tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en Lesbos cuando estaban realizando labores humanitarias. Precisamente por ello, en unas semanas Gutiérrez Vega viajará a la isla griega en la que se concentra el foco del problema de los refugiados.
-Remontémonos al principio de los hechos, ¿cómo sucedió todo?
-Julio Latorre, Manuel Blanco y José Enrique Rodríguez fueron detenidos a principios de año. Estuvieron dos días y medio retenidos en el puerto de Mitilene y fueron puestos en libertad con cargos. Fue a su regreso a España cuando nos hicimos cargo del caso. Ellos ya disponen de un abogado en Grecia, Jaris Petsikos, por lo que es él quien va a llevar el grueso del caso cuando se abra el juicio oral y ellos tengan que regresar a Lesbos. Va a ser quien les va a representar allí. Tenemos una comunicación fluida con él y le hemos dado algunas instrucciones.
-¿De qué se los acusa?
-Los cargos son por transporte ilegal de personas en grado de tentativa y posesión de armas. Esto les puede acarrear una pena de 10 años de privación de libertad a cada uno.
-Según tengo entendido, usted no cobra por llevar este caso, lo hace de forma altruista.
-Absolutamente. No cobro ni por éste ni por ninguno, trabajo "ad honorem, pro bono". Todos los casos de la clínica se llevan de forma gratuita para los que nos otorgan la representación procesal.
-Volviendo al arresto de los bomberos, ¿qué efecto ha tenido en los voluntarios que estaban pensando en seguir sus pasos?
-La detención tuvo el clásico efecto disuasorio. La gente dice: "Cuidado, que la frontera la vigilan los guardacostas y el Gobierno griego". Pero aún así han seguido yendo numerosos grupos de voluntarios de la ONG en la que participaban los tres bomberos sevillanos, llamada Proem-Aid. Cada vez que va un nuevo equipo nos reunimos con ellos para explicarles qué es lo que no deben hacer para que no vuelva a darse un caso de estas características.
-¿Cuál es la situación actual en Lesbos?
-Yo aún no he estado, voy en unas semanas, pero tenemos contacto con los bomberos que van y vienen, con los abogados, con otras organizaciones humanitarias? Nos cuentan que el pico de llegadas masivas ha pasado, pero los números son realmente escandalosos. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ha cambiado bastante las cosas. Constantemente se dan devoluciones en caliente, violaciones masivas de los derechos a los solicitantes de refugio, en base misma a la firma del tratado, que consideramos que carece de las mínimas garantías procesales y que está actuando como barrera de contención más que como solución al tema. Haremos esta primera visita para tomarle el pulso a la situación y hablar con las autoridades.
-¿Qué pueden hacer España y la Unión Europea ante una situación así?
-Para empezar, cumplir con los compromisos que asumen con luz y taquígrafo. Si recibiesen a esos 160.000 refugiados, la situación cambiaría. La Unión dispone de recursos humanos y materiales para afrontar este desafío, pero salta a la vista que las diferencias dentro del grupo de estados miembros -que al final son los que mediante el consejo toman las decisiones- están paralizando una operativa que podría ser mucho más fluida para poder acoger a estos eventuales solicitantes de asilo.
-¿Y cuál podría ser la solución?
-El gran problema es que la Unión Europea, anticipándose a lo que estaba ocurriendo, elaboró en 2002 la directiva "facilitation packets" que establecía lo que podría considerarse como una asistencia ilegal para ayudar a los inmigrantes irregulares que quisieran entrar en la Unión. En su artículo 2 cabía la posibilidad de que quedasen exceptuados los operadores humanitarios. Pues bien, ahora, lejos de prohibir la criminalización de las operaciones humanitarias, lo más probable es que este año se reforme "in peius", a peor, para determinar claramente que ni una enfermera está capacitada para tenderle la mano a una embarazada en una zódiac que se está hundiendo.
-Eso es precisamente lo que les pasó a estos tres voluntarios españoles.
-Así es. Tres personas que están en el primer eslabón de la cadena, que se dedican exclusivamente a salvar vidas, son los primeros que han caído. Son rescatadores de gente que, de no recibir esa ayuda, morirían. Estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado, como les dijo el oficial al cargo de la Policía de Lesbos.
-Entonces, ¿hacia dónde se dirigen ahora sus esfuerzos?
-Es una perspectiva bastante inquietante. Además de Lesbos estaremos en Estrasburgo, hemos estado en Bruselas, haremos una petición ante el Defensor del Pueblo Europeo, e intentaremos, junto con otras organizaciones muy involucradas, crear la masa crítica necesaria para evitar lo que consideramos una criminalización gratuita de la asistencia humanitaria.
