13 de julio de 2016
13.07.2016

Otero: "Pido la jubilación antes de que llegue el escándalo público"

Las escuchas policiales destapan cómo Educación repartía las obras en la trama del "caso Marea"

13.07.2016 | 14:36
Otero: "Pido la jubilación antes de que llegue el escándalo público"

Las escuchas realizadas por la policía que pusieron al descubierto la trama del mayor caso de corrupción en Asturias centraron la sesión de la mañana en la Audiencia Provincial. En ellas se pudo oír a la ex directora general de Educación, María Jesús Otero, consultar las razones por las que se habían pedido al banco todas sus cuentas sin que ella lo supiera. "Por problemas anteriores no quiero meter al Principado en un baile. Hablo con José Luis (Iglesias Riopedre), pido la jubilación y punto. No voy a estar esperando a que llegue el escándalo público", asevera en una de las grabaciones.

El tribunal escuchó 36 grabaciones, y por la tarde está previsto escuchar el resto, hasta un total de 83. En ellas se demuestran los movimientos de los acusados antes de que se supieran investigados. Así, una de ellas desvela que a Otero la avisan desde una oficina de Cajastur de Llanes para advertirle de que un Juzgado de Instrucción de Gijón ha pedido todas sus cuentas. Otero telefonea a sus asesores, a quienes indica que la investiga la Brigada de Delitos Económicos pero que no sabe por qué, ya que "de haber algo" en relación con sus empresas de hostelería "está prescrito y más que prescristo", insiste en una de las conversaciones. También afirma que está al día con Hacienda, que de hecho "me ha devuelto todo".

Pero de todos modos, la ex mano derecha del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, le dice a sus asesores que no quiere que "por problemas anteriores el Principado tenga un baile. Hablo con José Luis, pido la jubilación y punto. No voy a estar esperando a que llegue el escándalo público".

Las conversaciones telefónicas escuchadas ayer también dejaron al descubierto cómo el ex consejero de Educación y su directora general decidían repartir las obras, y al accionista de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, dar instrucciones de acuerdo a lo que especificaba Otero para preparar facturas "amañadas" de tal manera que su coste no superase el límite legal que podían controlar desde la Consejería para las adjudicaciones. Así, preparaban una oferta que era la que iba a ganar, y otras dos, de otras empresas diferentes pero para que perdieran, de tal manera que todo tuviera apariencia de legalidad.

Las llamadas entre el Consejo, la directora general y el dueño de Igrafo son frecuentes. En una de las conversaciones el empresario le dijo a Iglesias Riopedre que ya organizó lo de "los contratos nuevos para que no superen los 399.000 euros con IVA". En otra, Otero le dice que el Consejero está "desatado" y que si hay forma de pagarle a su hijo "lo de los 200.000 euros". Víctor Manuel Muñiz, por su parte, habla con personal de su empresa y les indica que hay que hacerlo todo como dice Otero porque "no la puedo perder".

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