21 de julio de 2016
21.07.2016
El macrojuicio del "caso Marea"

Igrafo y APSA pagaron a Riopedre, Otero y Renedo más de 2,1 millones, dice la fiscal

La acusación pública mantiene la petición de 57 años de cárcel, pero las defensas no ven pruebas y piden la libre absolución

21.07.2016 | 03:49
Igrafo y APSA pagaron a Riopedre, Otero y Renedo más de 2,1 millones, dice la fiscal

Los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín (APSA), y Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, habrían pagado al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la que era su mano derecha, María Jesús Otero, y a la exfuncionaria Marta Renedo, más de 2,1 millones de euros a cambios de contratos, adjudicaciones y servicios en muchos casos no realizados, según la Fiscalía, que ayer mantuvo, con ligeros cambios, su escrito de acusación para los principales acusados del "caso Marea".

La fiscal también sostuvo su petición de condena, que suma 57 años de cárcel para siete de los 13 procesados en el mayor juicio por corrupción en el Principado. Las defensas, por su parte, mantuvieron la inocencia de sus representados y la solicitud de libre absolución. Otero se lleva la mayor petición de prisión: once años y medio. Los otros seis procesados están señalados únicamente como presuntos autores de un delito de cohecho por las acusaciones populares.

La sesión de ayer estaba destinada en primer lugar a escuchar por videoconferencia la declaración de la primera persona cuya identidad fue presuntamente suplantada por Marta Renedo para iniciar su periplo de apertura de cuentas bancarias para desviar lo que ingresaba ilegalmente. Pero finalmente los letrados renunciaron, así que se pasó directamente a la presentación de las conclusiones.

Según la Fiscal, "el importe total sustraído" por Renedo a las arcas públicas regionales supera los 1,8 millones de euros". Y añade que "el importe de los regalos recibidos" de los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín está por encima de los 380.000 euros.

Añade la Fiscalía en sus conclusiones que Otero, "con el conocimiento y aquiescencia" de Iglesias Riopedre, "favorecieron la adjudicación de todo tipo de contratos a las empresas de Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, confabulándose con aquellos para dar una apariencia de legalidad a las operaciones".

En su escrito de conclusiones, la Fiscal va narrando el entramado de empresas y el papel de Geogal, la compañía cuyo 75% era propiedad del hijo de Iglesias Riopedre y el 25% restante de la esposa del exconsejero. Así, explica como entre el padre y Otero ordenan promocionar el aprovechamiento geotérmico en todos los proyectos que estaban en curso en la Consejería y que implicaba realizar estudios geotérmicos, que era a lo que se dedicaba Geogal, utilizando como excusa que se conseguirían subvenciones de la Consejería de Industria -como así ocurrió hasta que fueron revocadas por justificarse trabajos con facturas falsas-.

La fiscal acusa a Marta Renedo de un delito continuado de falsificación de documento oficial y mercantil, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de cohecho. Por todo ello pide 10 años de cárcel, y varios cientos de miles de euros de indemnización.

María José Otero se lleva la peor parte. Se le acusa de un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de fraude a la Administración, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho, por lo que la Fiscalía pide 11,6 años de prisión y una multa de 2,5 millones.

A José Luis Iglesias Riopedre le imputa un delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de fraude a la Administración, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de cohecho. En total solicita 10,6 años de prisión y una multa de 200.000 euros

Para Víctor Manuel Muñiz solicita 9 años de cárcel y una multa de 1,5 millones, igual que para Alfonso Carlos Sánchez, aunque eleva la multa a 1,9 millones. Para Maximino Fernández y Antonio Azorín, Fiscalía solicita tres años para cada uno.

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