26 de julio de 2016
26.07.2016

"Alfonso era el paganini, los beneficios los llevó el clan Otero"

La defensa de Almacenes Pumarín niega la participación en la trama y asegura que "engañaron" al empresario

26.07.2016 | 03:51
En primera fila, por la izquierda, Antonio José Azorín, José Luis Iglesias Riopedre, Alfonso Carlos Sánchez e Isaac Ovies. Detrás, en primer término, Marta Renedo, María Jesús Otero y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

Alfonso Carlos Sánchez, gerente de Almacenes Pumarín (APSA), y la exfuncionaria Marta Renedo no se conocían. A partir de esa premisa, la defensa del empresario, representado por el letrado Javier Díaz Dapena, dedicó dos horas a intentar demostrar que su representado no participó en ninguna trama, que le engañaron, que fue "el paganini con el dinero de todos" y que no obtuvo beneficio alguno en el supuesto caso de corrupción. "Los beneficiados fueron para todo el clan familiar de Otero", aseveró el abogado, quien además solicitó que se encause a cuatro testigos por mentir en el juicio.

Díaz Dapena inició su intervención reclamando de nuevo la nulidad del proceso, y señalando que a su representado, Alfonso Carlos Sánchez, y a la exfuncionaria Marta Renedo "se les ha relacionado para unir dos tramas", una que correspondería a un fraude fiscal y otra de corrupción. "Por la primera mi representado ya está pagando. Pero en la segunda no participó", afirmó.

Admitió que Alfonso Carlos Suárez sí conocía a la exdirectora general de la consejería, María Jesús Otero, cuyas "competencias eran amplísimas, y si no era dios, estaba bien cerca. Tenía conocimiento de todo lo que pasaba. Quien contrataba de facto era ella, ¿cómo no enviarle a los comerciales e ir él mismo si era la que decidía?", planteó el letrado.

Dapena negó que otras empresas se vieran perjudicadas por las adjudicaciones a Almacenes Pumarín e insistió en reclamar que no se confunda ni se mezcle a esta empresa con Igrafo. Insistió el letrado en que "engañaron" a su representado y que no se benefició de la presunta trama de corrupción. "Se nos contrataba porque éramos los mejores y estábamos homologados", señaló. Y si la Consejería enviaba a los centros material que no habían solicitado o que no necesitaban "no era culpa del empresario", que sólo cumplía con los pedidos.

Como tampoco era culpa de APSA la conformación de las facturas para su abono. "Eso lo hace el funcionario que gestiona el expediente", remarcó el letrado. Tampoco coinciden las facturas con los conceptos, "si eso es un delito, nos damos por condenados, porque había cientos de cambios".

El Principado no tenía inventario de bienes inmuebles, que Dapena había solicitado para la defensa. "La Administración tiene sus propias corruptelas para lograr eficiencia, pero no puede ni quiere admitirlas", dijo el letrado, quien añadió que "si un mecanismo de control se relaja pueden ocurrir cosas, y la responsabilidad es de quien tiene que ejercerlo. Y nadie puso pegas a nada".

También señaló que Otero empleo a APSA como medio y otra muestra del engaño fue que los presuntos regalos que le hizo APSA, como la compra de coches o viajes a ella y al exconsejero Riopedre, eran abonados con cheques y a través de cuentas bancarias. "¿A quién se le ocurriría si perteneciera a esa trama?".

Alfonso Carlos Suárez no obtuvo beneficio más que lograr contratos, por eso el letrado pidió justicia, "a ver si va a tener él más condena que Otero, que amagüestó todo".

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