La letrada que representa al Principado como acusación particular, Isabel González, solicitó ayer al tribunal una sentencia "condenatoria y dura", una vez que en el transcurso del juicio quedó demostrado que "existía una confabulación perfecta para que todo pasara por contratos menores u homologados" para saltarse los controles establecidos por la Administración pública.

Para la letrada del Principado, "todo dependía de Otero (María Jesús)", y la estructura de la Dirección General que encabezaba "permitía que ella fuera Dios, que fuera clave y utilizaba todo ese poder para enriquecerse personalmente".

Según Isabel González, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, que "delegó las competencias en contrataciones" , firmó "muchas autorizaciones de gastos", pero fundamentalmente fue "un padre preocupado por la marcha de la empresa de su hijo", hasta el punto de que "actuó más como gerente de la empresa que como consejero".

Tirar de la manta

Añadió que Riopedre forzó que se hicieran contratos en distintos centros docentes del Principado para instalar el sistema de geotermia en contra incluso de los informes de los técnicos del Principado. Pero "para dar cauce a los expedientes siempre contaba con la ayuda de Otero", aseguró.

La letrada del Principado aseguró que la teoría de que la Administración regional es un caos, como dijo la Fiscalía, "quedó desmontada porque se sigue el procedimiento legal establecido". Por eso rechazó que pueda haber más implicados en el presunto caso de corrupción que se juzga en la Audiencia de Oviedo. "No hay ninguna manta de la que tirar. No había facturas falsas ni órdenes ilegales. Los funcionarios en el Principado no se dedican a dar apariencia de legalidad a contratos ilegales", aseguró.