26 de julio de 2016
26.07.2016
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"Riopedre estaba al tanto de todo y Otero ingresó ingentes cantidades", dice la Fiscalía

El ministerio público asegura que el Principado "era un caos" y que el exconsejero de Educación "participaba activamente" en la presunta trama

26.07.2016 | 03:51
"Riopedre estaba al tanto de todo y Otero ingresó ingentes cantidades", dice la Fiscalía

María Jesús Otero, ex directora general de la Consejería de Educación, "recibió ingentes cantidades de dinero" y el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre "estaba totalmente al tanto de todo y participaba activamente" en la supuesta mayor trama de corrupción que se ha dado en Asturias, aunque el principal beneficio que buscaba el ex alto cargo del Principado era conseguir obra para la empresa de su hijo, Geogal. "Por el hijo hizo de todo". Y si faltaba documentación en el procedimiento se debió a que "el Principado era un caos contable".

Estas frases resumen la tesis defendida ayer por la fiscal, Carmen Rodríguez, en la presentación de su informe definitivo en el macrojuicio del "caso Marea", en el que la exfuncionaria Marta Renedo también habría desempeñado un papel fundamental junto con los cuatro empresarios encausados en la presunta trama de corrupción de adjudicaciones y facturas falsas para su enriquecimiento personal.

La Fiscalía mantiene la petición global de 57 años de prisión para los siete principales encausados de un total de trece que están siendo procesados desde el pasado 4 de abril en la Audiencia Provincial de Oviedo.

La representante del ministerio público aseguró que, pese a obviar algunas pruebas porque se rompió la cadena de custodia en el despacho de Marta Renedo, "existen múltiples pruebas contra ella", como las cuentas bancarias que abrió usurpando la identidad de otras personas y la falsificación y/ o manipulación de firmas para ingresar dinero del Principado en dichas cuentas, como hizo con las de las exconsejeras Ana Rosa Migoya y Encarnación Rodríguez Cañas.

Renedo favoreció la contratación de Almacenes Pumarín y de Igrafo, cuyos propietarios, Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, respectivamente, están procesados en esta causa. A cambio, la exfuncionaria recibió "dinero y regalos" por importe superior a los 380.000 euros. Esta cuantía se suma a los más de 1,8 millones de euros que la Fiscalía calcula que "sustrajo" de las arcas públicas regionales a través de las empresas ficticias o sin actividad que constituyó para ello.

Pero para la fiscal las piezas fundamentales de la presunta trama de corrupción son el exconsejero de Educación y su "mano derecha", según se concluye de las escuchas telefónicas y diversos testimonios.

María Jesús Otero "controlaba absolutamente todo, decía lo que había que contratar, a qué precios, cómo hacerlo y con quién", aseguró la fiscal Carmen Rodríguez, quien matizó que las mesas de contratación "sólo corroboraban lo que Otero había decidido previamente, con el único fin de darle apariencia de legalidad". Pero también remarcó que la ex directora general lo hacía siguiendo las instrucciones del entonces consejero José Luis Iglesias Riopedre, "que estaba totalmente al tanto de todo lo que ocurría y participaba activamente", como quedó demostrado en las escuchas telefónicas.

El ministerio público considera probado que Otero "recibió ingentes cantidades de dinero" a través de la red de sociedades que había constituido, además de regalos. En el caso del exconsejero, sólo se benefició de dos viajes, uno a Barcelona y otro a Tenerife en compañía de su mujer, pero no ingresó dinero en sus cuentas. Su objetivo era otro: darle negocio a la empresa Geogal, de la que el 75% era propiedad de su hijo, mientras que su esposa lo era del 25% restante.

Bajo la cobertura de estos tres encausados actuaban los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín), Maximino Fernández (Asac Comunicaciones) y Antonio José Azorín, de Nora Proyectos de Ingeniería.

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