30 de julio de 2016
30.07.2016
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El resto de acusados se ven víctimas del "show mediático" del proceso

Las defensas coinciden en la falta de pruebas para sostener las acusaciones

30.07.2016 | 05:40
Javier Domínguez Begega, presidente del Tribunal.

Los informes finales de las defensas de dos empresarios y de los funcionarios de los ayuntamientos de Oviedo, Mieres y Avilés cerraron el macrojuicio del "caso Marea". En todos los casos coincidieron en que sus representados no sólo no habían cometido delito alguno, sino que además no hay pruebas que justifiquen que hayan tenido que sentarse en el banquillo de los acusados. Y cargaron contra las acusaciones públicas, especialmente contra Podemos, por contaminar el proceso políticamente sin que haya pruebas de cargo. "Sólo por el show mediático".

Juan Muñiz, abogado de Maximino Fernández, dueño de Asac Comunicaciones, incidió en que su representado y la exfuncionaria Marta Renedo se habían visto una sola vez, cuando los presentaron. Que no recibió regalos, ni comidas ni nada de nada. "No pintamos nada aquí", afirmó el letrado, quien cargó contra el Principado por su caos y por su actuación durante la instrucción y el juicio, y finalizar su exposición denunciando que el "caso Marea" ha causado un perjuicio "enorme, muy grave" a su representado.

Alberto García Montes, abogado de Antonio Azorín, dueño de la empresa Nora, inició su informe definitivo asegurando que aún en el caso de que las acusaciones del Ministerio Fiscal fueran ciertas, no serían delito. Esta compañía sólo recibió cuatro contratos del Principado, y está todo justificado y en otros proyectos en los que se la nombra, no salieron adelante. Su representado fue víctima de irregularidades cometidas en la Administración y de "un fuego cruzado. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Joaquín García ejerció la defensa de Ernesto Iglesias, hijo de José Luis Iglesias Riopedre y accionista principal y gerente de la empresa Geogal, para el que supuestamente su padre intentaba conseguir obras. El letrado incidió en que todas las obras realizadas por la compañía están facturadas, cobradas, declaradas y justificadas, y que los peritos han certificado que esta empresa tenía 200 clientes y facturaba casi 700.000 euros al año. Unas cifras en las que Nora representaba una proporción ínfima.

Las defensas de los funcionarios de Oviedo, Gijón y Mieres coincidieron en que no existen pruebas de que sus representados tuvieran relación alguna ni con las empresas ni con el resto de acusados en el "caso Marea". Y culparon abiertamente a Podemos de haberlos sentado en el banquillo "sólo por el espectáculo mediático" y por conveniencia política.

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