30 de julio de 2016
30.07.2016
Visto para sentencia el macrojuicio del "caso Marea"

Riopedre y Otero basan su defensa en acusarse uno al otro sobre quién mandaba

El letrado del exconsejero asegura que él no decidía, mientras que la de la ex directora general afirma que ella es "el garbanzo negro" y no tenía poder

30.07.2016 | 05:40
Riopedre y Otero basan su defensa en acusarse uno al otro sobre quién mandaba

El macrojuicio del "caso Marea", en el que están procesados 13 encausados por la presunta mayor trama de corrupción conocida en Asturias, quedó ayer visto para sentencia después de cuatro meses de declaraciones protagonizadas por un centenar de testigos. Los letrados de las defensas piden la libre absolución de sus representados, mientras que el ministerio fiscal mantiene una petición global de 57 años de cárcel para los siete principales encausados. El resto están acusados por Podemos, AVALL y el Partido Progresista de Belmonte. ¿Y la sentencia? Las previsiones del tribunal apuntan a enero de 2017.

Los principales protagonistas de la última sesión fueron los letrados de la defensa del exconsejero, José Luis Iglesias Riopedre, y de la que fue su "número dos", María Jesús Otero, ex directora general de Planificación de la Consejería de Educación. Ambos abogados utilizaron como uno de los sostenes de sus argumentaciones que ninguno de sus representados mandaba ni daba órdenes, responsabilizando al otro.

Riopedre firmaba los expedientes que le llegaban porque era su competencia formal, pero en el funcionamiento práctico del día a día no decidía. Y Otero sólo cumplía órdenes, por mucho que se le intente atribuir el papel de todopoderosa, de "ser dios" en la Consejería. Y ninguno de los dos tuvo lucro personal ni incremento patrimonial a costa de las arcas públicas, ni recibieron dádivas ni regalos que se puedan considerar ilegales. En resumen, el Consejero no mandaba y Otero es el "garbanzo negro", según sus abogados.

"Las únicas instrucciones dadas por Riopedre fueron las de las obras de emergencia del instituto de Arriondas", provocadas por los graves daños que causó la gran riada de 2010, afirmó ayer Sergio Herrero, letrado del exconsejero de Educación. Nada más, porque "con su firma sólo resolvía la competencia formal sobre algo que no decidía él: existía la delegación de competencias. Él no participaba en las mesas de contratación. En el funcionamiento práctico no era él quien decidía y en todo caso, no podría no firmar al final de un expediente que realizaban los técnicos. Le llegaba todo hecho".

La defensa de Riopedre llamó la atención sobre la adjudicación de las obras de Infiesto y la instalación del sistema de geotermia, en la que participó Geogal, la empresa del hijo del exconsejero. "Hay algo extraordinariamente llamativo, que es que Riopedre cesó como Consejero el 6 de agosto y casi todo lo relativo a esa obra se produjo después, cuando ya había sido sustituido por Herminio Sastre, incluido la certificación de las obras y los pagos por ello".

El letrado también indicó que los "pinchazos" telefónicos se habían mantenido hasta cinco meses después de que Riopedre hubiera dimitido. "De las escuchas se deduce una preocupación exagerada como padre por la empresa de su hijo, y conversaciones con empresarios que no deberían haberse producido", admitió Sergio Herrero. Se refería a las grabaciones que se pudieron oír durante el juicio entre el exconsejero y Víctor Manuel Muñiz, gerente de Igrafo, en las que hablan de distintos proyectos en los que podría participar la empresa del hijo de Riopedre, pero que luego no se llevaron a efecto.

El abogado negó que el exconsejero hubiera dado instrucciones al gerente de Igrafo, pero destacó una conversación "especialmente reveladora" entre Víctor Manuel Muñiz y una tercera persona a la que le dice: "Le puedo decir al consejero que una ingeniería no está para atender al fiu del consejero, pero con María Jesús tengo que ser más transparente". Esto demostraría, supuestamente, "el flujo de dinero a María Jesús Otero", indicó el letrado.

En cuanto al abono de dos viajes a Riopedre, Sergio Herrero remarcó que hay uno oficial a Barcelona "que pagó Igrafo a Eroski a cuenta de los cargos que ordenaba María Jesús Otero. No sabemos por qué lo pagó esa empresa y no el Principado, pero en cualquier caso el que no lo tenía que pagar era Riopedre", dijo el abogado.

El otro viaje a Tenerife fue un regalo de varios amigos a Riopedre por su 70 cumpleaños. "O esas personas han mentido o fue un regalo personal con independencia del peculiar manejo de las cuentas y del que nadie pidió justificación". Otero se había encargado de organizarlo, lo pagó una de las empresas y también lo abonaron los amigos que participaron en dicho regalo.

Sergio Herrero también esgrimió en defensa de su representado que la Agencia Tributaria certificó que el exconsejero no se había lucrado aprovechándose de su cargo. Es más, afirmó que con 76 años y después de una larga vida laboral ocupando distintos cargos, él y su mujer tienen una cuenta bancaria con 2.981 euros y deben 7.835 euros de una hipoteca.

Ana Muñiz, la letrada de María José Otero, inició su exposición asegurando que se sentía "muy importante por ser la abogada de dios. No sé si el consejero sería el Espíritu Santo". A partir de ahí, la letrada centró parte de su defensa en intentar demostrar que la ex directora general no cometió delito alguno, que era imposible que ella lo controlara todo y que cumplía órdenes.

"Otero siempre cumplió órdenes. A ver, yo de pedir, pido para los míos, no para los hijos de otros si no es bajo órdenes. No actuó por libre. Ella no adjudicó una obra. No tenía el poder que decían", aseveró con contundencia la letrada. "¿Dentro de un organigrama una sola persona sustituía las funciones de todas y se saltaba todo el procedimiento? Es tan increíble como pensar que María Jesús Otero lo hacía todo". La realidad, según la abogada, es que "conviene tener un garbanzo negro" y ése es Otero, porque "es más fácil echarle la culpa al garbanzo negro, que no tiene carné de partido, que al Consejero".

Una de las claves del proceso es probar de dónde sale el dinero supuestamente acumulado por Otero durante sus años como "número dos" de la Consejería. Ana Muñiz explicó que de sobrecostes no, porque los productos eran homologados y con precio tasado. Y además se conseguían descuentos por volumen. De las liberalidades tampoco, pero en todo caso el dinero sería de los empresarios, y de los remanentes de tesorería tampoco, porque eran escasos y había muchas necesidades que abordar en los colegios e institutos asturianos.

La letrada admitió irregularidades administrativas en el sentido de que se pasaba el dinero de un expediente a otro. Pero también indicó que esos cambios estaban grapados a los expedientes, aunque el Principado no los haya aportado a la causa, lo que provoca indefensión en su representada. Y si se producían cambios en el material enviado a los centros, no era la directora general la que tenía que ir a comprobarlos. "La forma de funcionar de la Administración era un caos, un descontrol. Y ahora la culpa la tiene Otero que pasaba por allí", señaló Ana Muñiz.

La abogada negó los delitos que se imputan a la ex directora general porque no se puede probar que hubiera perjuicio a la Administración, por su funcionamiento caótico y porque ni siquiera existe un inventario de lo que había, luego no se sabe qué falta. No hay sobrecostes, porque los productos homologados tenían el precio tasado.

"Otero no recibió regalos. Ella pagó todos y cada uno de sus viajes, pero la Agencia Tributaria no ha revisado sus cuentas. Todo el informe está lleno de suposiciones, pero pruebas, ni una", dijo la abogada de la defensa. Y entonces cargó contra Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín. "Lo fácil hubiera sido decir la verdad: que mi cliente pagó los viajes y que Alfonso tenía miles de facturas falsas que se atribuyeron a mi defendida".

Y puso ejemplos de armarios empotrados en una propiedad de Otero en la que no hay ni un solo armario empotrado. "Que diga Alfonso (de Almacenes Pumarín) que cuando María Jesús estaba en prisión llamó a los sobrinos para decirles que había que cambiar facturas", dijo la letrada, quien insistió en negar todos los delitos penales que se imputan a su representada.

El final de la jornada de ayer, que también se celebró en sesión de mañana y tarde, da paso ahora a la espera por una sentencia cuya confección será ardua y larga.

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