El macrojuicio del "caso Marea" llegó el pasado viernes por la tarde a su punto y final después de cuatro largos e intensos meses de declaraciones y escuchas telefónicas. Las conclusiones se han mantenido respecto a las previstas cuando se inició la vista, el pasado 4 de abril. El Ministerio Fiscal y el Principado reiteraron la petición global de una condena de 57 años de prisión para los principales acusados: las mayores, para la exdirectora general de Educación María Jesús Otero, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, y la exfuncionaria Marta Renedo. A ellos se suman los responsables de las empresas Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez.
La defensas han aceptado que pudo haber irregularidades administrativas, cohecho impropio e incluso prevaricación, pero en ningún caso delitos como el de malversación. Niegan rotundamente que sus representados hubieran recibido dádivas o regalos a cambio de contratos, y admitiendo fallos contables o problemas con Hacienda, los hay que se ven protagonistas cuando en realidad aseguran que fueron "engañados". Por el medio, escuchas telefónicas, testigos que colaboraron en menor o mayor medida con sus declaraciones, y un consenso general en el "caos" y desbarajuste que reinaba en el Principado, rechazado sólo por el propio Principado.
Pero "Marea" empezó mucho antes. Casi seis años antes. El escándalo saltó en toda su plenitud en enero de 2011, cuando comenzaron las detenciones. Pero ya se venía fraguando desde hacía meses. Cuando Riopedre y Otero dimitieron el mismo día en agosto de 2010 se alegaron razones personales. Ahora, después de los "pinchazos" telefónicos escuchados durante el juicio parece evidente la relación entre su salida del entonces Gobierno de Vicente Álvarez Areces y el mayor caso de corrupción conocido en Asturias.
Todo estalló cuando Pilar Fernández, cajera en un supermercado, recibió en su casa a principios de 2010 una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le conminaba a explicar el origen de los 100.000 euros que el Principado había ingresado en una de sus cuentas en Bankinter. Fue esta mujer la que presentó la denuncia en Gijón, y a partir de ahí se supo que no era la única cuenta abierta por Marta Renedo suplantando la identidad de otras personas. La investigación judicial empezó en febrero de 2010. Unos días después, el Principado descubre los manejos de Marta Renedo y presentó una denuncia ante la fiscalía. Fue el fiscal jefe de entonces, Gerardo Herrero, quien ordenó unir esta denuncia a las investigaciones de la otra causa.
El "caso Marea" -acrónimo de Marta Renedo Avilés- pasó a los juzgados de Oviedo con el argumento de que los presuntos delitos se habían cometido en Oviedo, aunque la denuncia inicial se hubiera interpuesto en Gijón.
El lunes 24 de enero de 2011 fueron detenidos Riopedre, Otero, Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Se les acusaba de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. Al día siguiente, el exconsejero de Educación y hombre fuerte del Gobierno de Areces, ingresaba en prisión. El miércoles día 26, Otero y Renedo también entraban en la cárcel. Los dos empresarios quedaron en libertad el jueves con una fianza de 300.000 euros.
La instrucción se prolongó durante casi tres años, hasta que en julio de 2013 el juez Sorando dictó auto de procesamiento, primero contra 29 imputados, que quedarían después en 13. Pero la causa se prolongó otros dos años más por los recursos de las defensas y de la Fiscalía.
Una de las grandes incógnitas que planeó durante todos esos años era si el Gobierno regional había actuado con contundencia ante el caso más grave de corrupción destapado en el Principado. Iglesias Riopedre era hombre de confianza del Presidente Areces y pasaba por ser la persona más austera de la Administración regional. Tenía a sus espaldas 25 años de gestión en la enseñanza en el Principado y otro buen número de ellos como profesor de Secundaria en Institutos de la región. Cuando saltó el escándalo tenía 70 años y una trayectoria intachable. Fue monje dominico y su comportamiento y filosofía de vida estaban en las antípodas de los delitos que se le imputan.
El Principado insistió desde el Principio en que fue la exconsejera Ana Rosa Migoya quien denunció las irregularidades nada más que se detectaron.
Ahora, cinco años después y tras cuatro meses de juicio, sólo el propio Principado y los funcionarios que declararon durante la vista oral aseguran que se seguían los procedimientos establecidos y que era "imposible" que una sola persona pudiera montar una trama semejante para quedarse con dinero de las arcas públicas. Por tanto, era necesario que existiese una trama, una organización, por básica que fuera. Para el resto, los abogados de la defensa, es "evidente" el caos que existía en la Administración pública regional. Es más, durante el juicio se apuntó que aún hoy puede persistir en cierta medida.
Otra de las incógnitas que no se ha despejado es de cuánto dinero se trata. Según las conclusiones iniciales, Otero se habría hecho con unos 2,5 millones de euros, Renedo con 1,6 millones y Riopedre con unos 400.000. Pero según Hacienda, el exconsejero no ingresó ni un euro en su cuenta bancaria. Sólo pedía para su hijo, para que su empresa, Geogal, funcionase bien. Los beneficios obtenidos por Renedo no están claros, aunque parece que habría cobrado más de un millón solo de Almacenes Pumarín, y en el caso de Otero, la exdirectora "habría ingresado ingentes cantidades", según la Fiscalía. Pero sí apunta que entre Almacenes Pumarín e Igrafo el importe de las liberalidades o pagos realizados a Riopedre, Otero y Renedo superaron los 2,1 millones de euros.
La luz tendrá que llegar en la sentencia de los magistrados, cuya redacción será una compleja y larga tarea que les llevará varios meses, hasta enero calculan. ¿Y luego? Algunas defensas ya anunciaron recursos al Supremo. Más "Marea".
LOS PRINCIPALES ACUSADOS
José luis Iglesias Riopedre
El Consejero. Persona de confianza de Vicente Álvarez Areces, fue consejero de Educación desde el año 2003 hasta agosto de 2010, cuando dimitió por motivos personales.
La acusación. El Ministerio Fiscal y el Principado solicitan una condena total de 10,6 años de prisión por un delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de fraude a la Administración, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de cohecho.
La defensa. El letrado Sergio Herrero asegura que el exconsejero "no cobró un euro ilícito" y niega la comisión de delito alguno.
María Jesús Otero Rebollada
La ex directora general de Planificación. Mano derecha de Iglesias Riopedre, llegó con él a la Consejería de Educación en 2003 y dimitió como él el 4 de agosto de 2011.
La acusación. La Fiscalía y el Principado piden para ella la mayor condena: 11,6 años de cárcel. Le imputan un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de fraude a la Administración, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de cohecho.
La defensa. La abogada Ana Muñiz niega todas la existencia de delitos y asegura que su representada es el "garbanzo negro".
Marta Renedo Avilés
La exfuncionaria. Ocupó distintos cargos de responsabilidad en diferentes consejerías. En las "escuchas" se le oye decir que había cometido un error, que lo va a contar todo y a devolver el dinero.
La acusación. La Fiscalía y el Principado solicitan para la exfuncionaria 10 años de cárcel por un delito continuado de falsificación de documento oficial y mercantil, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho, además de indemnizaciones.
La defensa. El letrado José Carlos García negó los delitos, denunció numerosas irregularidades y pidió que se procese al Principado.
Víctor Manuel Muñiz
El gerente de Igrafo. El empresario se hizo cargo en 2010 de una de las empresas que más contrataba con la Administración pública regional. En las escuchas se le oye dar órdenes y decir que hay que tratar bien a Otero.
La acusación. La fiscal y el Principado piden 9 años de cárcel por un delito continuado de cohecho en concepto de autor, otro de falsificación de documentos mercantiles, y como cooperador necesario también por un delito continuado de fraude a la Administración y de exacciones legales y malversación.
La defensa. El letrado Miguel Valdés-Hevia ya anunció que si hay fallo condenatorio recurrirá al Supremo.
Alfonso Carlos Sánchez
El gerente de Almacenes Pumarín (APSA). Se hizo cargo del negocio al fallecer su padre. Condenado por fraude fiscal a 8 años de prisión y 3 millones de multa (ha recurrido la sentencia), asegura que le engañaron.
La acusación. El Ministerio Fiscal y el Principado solicitan para el empresario 9 años de prisión por la autoría de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles, y como cooperador necesario de fraude y exacciones ilegales y malversación.
La defensa. El abogado Javier Díaz Dapena asegura que hubo engaño y que no hubo contraprestaciones.
