01 de agosto de 2016
01.08.2016

El "caso Marea" revela la intensa relación entre la Administración y los proveedores

La rígida burocracia de adjudicación propicia el abuso de alternativas como los contratos menores, que permiten dar obras y servicios a dedo

01.08.2016 | 03:50
Los acusados del "caso Marea", en las primeras filas.

El macrojuicio del "caso Marea" ha sacado a flote la intensa relación que existe entre las administraciones públicas y sus proveedores, lo que no implica que se cometan ilegalidades, ni siquiera irregularidades, pero sí puede dar lugar a la búsqueda de fórmulas para solventar situaciones más o menos cotidianas. Alternativas que, según se puso también en evidencia durante la vista oral, vienen provocadas por la propia rigidez y falta de flexibilidad de la burocracia de la Administración pública en general.

Después de seis años y cuatro meses de instrucción, no se ha podido todavía cuantificar con exactitud el monto global de las cantidades supuestamente sustraídas a las arcas públicas regionales por la presunta mayor trama de corrupción que se ha conocido en Asturias. En los que sí han coincidido tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones públicas y las defensas, es en que el Principado era un caos, tesis de la que discrepó con dureza la letrada que representa a la Administración regional.

Las acusaciones particulares y las defensas utilizaron los errores cometidos por el Principado -como la falta de inventario y la pérdida "o desaparición" de expedientes- para cargar contra la Administración regional e incidir en que semejante caos podría dar lugar a situaciones perversas, aunque no por ello ilegales. Por ejemplo, que se acumulase remanente de un año para otro para que constase todo como gastado y no bajase el presupuesto de la Consejería; que se modificaran los conceptos de las facturas porque se producían devoluciones y cambios, o que se hicieran facturas a cuenta de futuros servicios o entregas. Según las defensas, todo ello justificado en los expedientes que no han aparecido, sin que se haya podido demostrar que hubiera facturas falsas.

Los funcionarios que declararon insistieron en que todo está regulado y que se siguen los sistemas de control para evitar que alguien pueda meter la mano en las arcas públicas.

Pero existen dos figuras de contratación que, si bien permiten flexibilizar los rígidos sistemas de adjudicación, abren la puerta a ciertas licencias. Una son los contratos menores, que permiten adjudicar servicios o suministros a dedo hasta 300.000 euros. La otra es por homologación, que restringe más el campo.

Y éstas son las principales fórmulas que, al parecer, se utilizaban en la Consejería de Educación cuando estaban al frente el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero. Luego está la contratación para casos de emergencia, la única que Riopedre admite haber utilizado en el caso del Instituto de Arriondas. Tampoco la podía negar porque se escucha en un "pinchazo" telefónico cómo le da órdenes a Otero de qué empresas deben ejecutar las obras y convienen que Igrafo y Almacenes Pumarín se repartan el equipamiento y mobiliario.

Pero hay muchas más conversaciones en las que se oye cómo el gerente de Igrafo dice que hay que "cuidar a Otero", porque era quien todo lo decidía -su defensa argumentó que cumplía órdenes-. Todos los acusados negaron rotundamente que hubieran existido regalos, dádivas o prebendas a cambios de contratos y favores. El Tribunal sentenciará.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído
Enlaces recomendados: Premios Cine