01 de agosto de 2016
01.08.2016

La patronal estatal exige igualar en el país tributos que Asturias aplica al máximo

La CEOE asume la petición del empresariado asturiano de armonizar el "céntimo sanitario" ante la competencia desleal, como pasa con Sucesiones

01.08.2016 | 03:50
La patronal estatal exige igualar en el país tributos que Asturias aplica al máximo

La gran patronal española, la CEOE, se ha hecho eco de las reclamaciones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para exigir al Estado la armonización fiscal en los tramos autonómicos. La propuesta se centra en el "céntimo sanitario" en el conjunto del país, para evitar la competencia desleal entre las autonomías. Asturias y Galicia son las comunidades autónomas del norte de España en las que cuesta casi tres euros más llenar el depósito que en las regiones vecinas, lo que se convierte en un lastre para la competitividad de las empresas regionales en general y del sector del transporte en particular. La FADE hace extensible esta exigencia a otros tributos, como el impuesto de sucesiones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en una sentencia del 27 de febrero de 2014 que el conocido como "céntimo sanitario" era un impuesto ilegal al vulnerar la legislación comunitaria. Y es que se trata de un tributo finalista que consiste en que las comunidades autónomas que lo aplican destinen la recaudación a financiar la sanidad y la calidad medioambiental, pero en realidad no se garantiza ni se ha podido demostrar la protección de la salud y del medio ambiente.

El "céntimo sanitario", que ni es un céntimo ni se destina exclusivamente a la sanidad, se desdobla en tres tramos: un tipo estatal general, uno especial y el autonómico. Y es en éste último donde surgen las diferencias entre autonomías.

En el caso de Asturias y Galicia se aplica el máximo: 0,040 céntimos de euro en el litro de gasóleo y el 0,048 en el de la gasolina. Pero esta figura fiscal en Castilla y León y Cantabria no existe.

La Comisión de Industria y Energía de la CEOE, presidida por Guillermo Ulacia, presidente de la patronal asturiana del metal (Femetal) y vicepresidente de FADE, dedica un apartado específico al "céntimo sanitario" en su informe "Energía y competitividad: propuestas del sector empresarial". En él se dice específicamente que "la implantación de diferentes tipos de imposición autonómicos provoca desvíos artificiales de consumo que causan pérdidas de eficiencia en la distribución de productos petrolíferos, dificultades comerciales a los operadores y aumento del fraude fiscal". Y añade que "es necesaria una mayor armonización y diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas con el objetivo de establecer una política fiscal de carburantes homogénea en todo el territorio nacional".

Deslocalizaciones

Alberto González, director general de Federación Asturiana de Empresarios (FADE), incidió en que "el coste de la energía incide directamente sobre la competitividad de las empresas, y el 'céntimo sanitario' es un gravamen más sobre los carburantes que se aplica de manera diferente según la comunidad autónoma, con la trascendencia que tiene sobre la competitividad de productos y servicios". El alto ejecutivo de la patronal asturiana explicó que el "céntimo sanitario" provoca, por ejemplo, que muchos transportistas que realizan recorridos nacionales llenen los depósitos de carburante fuera de Asturias.

Otro ejemplo "sangrante" de la desigualdad fiscal entre regiones es el impuesto de sucesiones, otro caballo de batalla de los empresarios asturianos. La FADE ya ha denunciado en varias ocasiones la deslocalización de contribuyentes acaudalados que recurren a donaciones en Madrid para no tributar en Asturias.

"Es necesario conjugar la libertad de organización fiscal de las comunidades autónomas con el establecimiento de unos límites que permita homogeneizar para avanzar hacia el mercado interior único", señaló Alberto González. "No puede ser que en Asturias se pueda aplicar en un tributo el 95% del máximo permitido y en Madrid el 1%. Es necesario establecer límites. No se puede dar a las comunidades autónomas capacidad impositiva total sobre cuestiones que tienen trascendencia directa sobre la competencia, porque genera distorsiones y agravios", afirmó el director general de FADE.

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