11 de agosto de 2016
11.08.2016
La regulación de las viviendas privadas de uso turístico en la región

Los arrendadores piratas afrontan multas desde 60 euros hasta el cese del negocio

El nuevo decreto prevé sanciones de 60.000 euros para los portales de internet que anuncien alquileres ilegales - Asturias permite a los dueños arrendar habitaciones o pisos por un día, a diferencia de otras comunidades

11.08.2016 | 04:19
El consejero Francisco Blanco -a la izquierda- y Julio Zapico, director de Turismo, con el cartel que deberán tener los pisos vacacionales en Asturias.

Desde multas de 60 euros hasta el cese de la actividad para los propietarios de pisos vacacionales que sigan anunciando alquileres pirata en Asturias. El nuevo decreto, que regulará la actividad turística de las viviendas privadas, contempla también sanciones económicas de hasta 60.000 euros para los portales de internet que promocionen alojamientos sin licencia. El Principado permitirá a los dueños arrendar habitaciones incluso por un día, a diferencia de otras comunidades autónomas. Madrid por ejemplo estableció un período mínimo de alquiler de cinco días, pero el Tribunal Superior de Justicia lo anuló. Para no caer en el mismo error, el Gobierno regional ha optado por "no poner trabas" a este tipo de viviendas. "No nos importa el tiempo por el que arrendan los pisos, lo que queremos es regular el sector y garantizar así su calidad y seguridad, al mismo tiempo que evitar la competencia desleal", explicó el consejero de Empleo, Economía y Turismo, Francisco Blanco, durante la presentación del reglamento en la Feria de Muestras.

El documento, que fue ayer aprobado por el Consejo de Gobierno, obliga tanto a los propietarios de pisos como a los portales de internet a publicar un número de registro, que será asignado por la consejería de Turismo. Ambos tendrán un plazo de tres meses para solicitar y publicitar la licencia, una vez que el Boletín Oficial del Principado de Asturias publique el decreto. No obstante, la Administración autonómica no comenzará a hacer inspecciones hasta enero de 2017.

A partir de ese momento, los arrendadores que incumplan la ley se enfrentarán, según la gravedad, a sanciones económicas -la mínima es de 60 euros-, suspensión de la actividad por meses o por años o, en casos de faltas muy graves, la clausura del establecimiento. El castigo a las páginas web es diferente, ya que Asturias sólo podrá imponer multas, que irán desde los 60 a los 60.000 euros -se aplican las cuantías de la Ley regional de Turismo-. El control de estos portales parece complejo y poco se ha concretado sobre las inspecciones en este ámbito, pues el volumen de páginas especializadas en alquileres vacacionales no para de crecer en España. Con una simple búsqueda se localizan ocho con ofertas pirata en la comunidad: Airbnb, HouseTrip, Only-apartments, Home Away, Intercambio Casas, Room4exchange, Rentalia, Niumba y Wimdu. Todos ellos tendrán que endurecer sus requisitos de admisión de usuarios.

A partir del número de registro turístico, el Principado podrá comprobar si el establecimiento cumple o no con las exigencias de la ley. Los más importantes: ofrecer calidad al turista con la señalización, el mobiliario y los enseres adecuados, contar con un seguro de responsabilidad civil, garantizar reservas y cancelaciones, realizar un contrato en el que queden reflejados los datos del cliente, publicar los precios y elaborar facturas. Además, los dueños de pisos vacacionales deberán contar con la autorización de la comunidad de vecinos para realizar su actividad. "Hay comunidades que tienen en sus estatutos limitadas las viviendas para uso residencial. En esos casos habrá que obtener un permiso o sino no podrán seguir con el negocio", precisó Blanco.

El consejero estuvo acompañado por el director general de Turismo, Julio González Zapico, y el copresidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), Fernando Corral. Este último insistió en que "la alegalidad anterior provocaba que no se pudiese actuar plenamente" contra esta actividad. El representante de la patronal turística dijo que "el espíritu de la norma no es impedir que quien tenga una vivienda vacacional la dedique a un uso turístico, sino que sea regulada y sometida a un control, sobre todo por motivos de seguridad y de fiscalidad".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Enlaces recomendados: Premios Cine