11 de agosto de 2016
11.08.2016

Varios ayuntamientos plantean el contrato de funcionario interino en los planes de empleo

La Federación de Concejos ve "serias" dificultades jurídicas

11.08.2016 | 04:19
Colas en el Ayuntamiento de Mieres para los planes de empleo, en una imagen de archivo.

Varios ayuntamientos han planteado la posibilidad de utilizar la figura del funcionario interino como fórmula de contratación para salvar los planes locales de empleo. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo da, sin embargo, casi por descartado por las "serias" dificultades que entraña, según las fuentes consultadas, como que los candidatos tendrían que pasar un concurso oposición. Fuentes de la abogacía consultadas por este periódico coincidieron en señalar que se debería analizar la posibilidad de la figura del funcionario interino de programa, que establece un principio y fin conocidos por todas las partes implicadas.

El Gobierno del Principado garantizó ayer su compromiso, y "creemos que también el de los ayuntamientos", para salvar el futuro de los planes locales de empleo frente a las voces que lo ponen en duda por la inseguridad normativa que ha llenado los municipios de denuncias de beneficiarios y ha obligado a las corporaciones a hacer frente a cuantiosas indemnizaciones.

Aunque tres ayuntamientos hayan renunciado a participar a la convocatoria en vigor y otros muchos hayan anunciado el desestimiento de la próxima, a pesar de que los participantes en el programa hayan descendido de 2.000 por programa a menos de 450, el Ejecutivo autonómico da por cierto que habrá subvenciones en 2017. "No se ha quebrado la voluntad del Gobierno ni la de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)", afirma Guillermo Martínez

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno perseveró así en la convicción de que la comunidad autónoma "seguirá buscando y analizando todas las aportaciones que se presenten desde los ayuntamientos" para tratar de esquivar la "limitación determinante" que impone la normativa estatal.

Despeja Martínez hacia Madrid y requiere de la Administración central "la necesidad de que se reforme el marco legal existente" sin mencionar expresamente la recuperación de una figura similar al "contrato de inserción" que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió en 2006. Reincide, eso sí, en que tanto la determinación del tipo de contrato aplicable como la eliminación de las barreras legales que oscurecen el futuro del programa de ayudas autonómicas "dependen de las Cortes y del impulso del Gobierno de España".

Sin decir ni que sí ni que no a las propuestas lanzadas por IU, que propuso el martes la convocatoria una jornada técnica para el análisis de posibles salidas y la exploración de posibilidades como un plan "global" de empleo para los ayuntamientos bajo supervisión del Servicio Público de Empleo del Principado, Martínez repite que se buscan "todas las soluciones que jurídicamente tengan cabida" y que no están "cerrados a ninguna propuesta que se plantee desde los grupos políticos". La coalición ha advertido en varias ocasiones de la importancia de asegurar el futuro de los planes municipales de empleo para consolidar también el porvenir del acuerdo de investidura que hizo presidente a Javier Fernández y el único apoyo parlamentario con el que cuenta el Gobierno socialista en la Junta General del Principado.

Entre las propuestas que se han planteado se analizó la posibilidad de utilizar para los contratos la figura del funcionario interino. Es la que va a usar el Ayuntamiento de Oviedo para convocar 29 plazas de la nueva oficina de recaudación de impuestos, que el gobierno tripartito quiere poner en marcha el próximo año. Sin embargo, esta figura no da tampoco suficientes garantías jurídicas, según fuentes municipales.

El funcionario interino es aquel que se contrata para tareas que no son de carácter permanente, o que siéndolo se pueden externalizar, o que tienen cargas de trabajo variables. Y en este campo existe además el funcionario interino de programa, es decir, aquel que se contrata para una tarea concreta y durante un tiempo concreto, con condiciones conocidas y aceptadas por las partes.

Fuentes de la abogacía explicaron que esta figura tiene una ventaja sobre la situación actual, y es que con el contrato por obra o servicio, que es el que se aplica en los planes de empleo, rige el principio de "in dubio pro operario" que establece el Derecho Laboral. Sin embargo, en el caso del funcionario interino de programa, rige el "in dubio pro imperio", según el cual, en caso de conflicto, prima el derecho de la Administración en tanto no tiene ánimo de lucro.

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