14 de agosto de 2016
14.08.2016

La otra factura de la fractura en Sogepsa

La sociedad del suelo seleccionará a su nuevo gerente a través de una empresa externa, un método que costó 10.000 euros al Gitpa

14.08.2016 | 09:55
La otra factura de la fractura en Sogepsa

Se ofrece puesto de gerente en empresa en crisis, incómodo pero bien remunerado a poco que se mantengan los emolumentos del dirigente saliente. Para buscarle un sustituto a José María Quirós Zarauza, destituido el pasado jueves, Sogepsa ha decidido utilizar el "auxilio técnico" de una empresa externa. No será la primera vez. La sociedad mixta de gestión del suelo de Asturias sigue así el modelo de contratación que el Principado ha utilizado ya al menos en el ejemplo más reciente de relevo en una compañía de capital público, acosada como Sogepsa por las sospechas en su gestión. También se ha designado así al nuevo director general del Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones (GITPA), de acuerdo con un procedimiento que entonces el Gobierno regional justificó en la necesidad de garantizar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El encargo se licitó por un máximo de 14.000 euros y se adjudicó por 9.960 a una consultora de recursos humanos.

En la sociedad de gestión del suelo habría que añadir la cantidad que corresponda a la factura de la controvertida cifra del coste del despido en la indemnización del destituido. Le corresponderían por contrato 108.000 euros, según los cálculos que con reiteración ha aireado Podemos, pero el viernes la consejera de Infraestructuras y presidenta de Sogepsa, Belén Fernández, garantizó una sensible rebaja fundamentada en el acuerdo del consejo de administración de calcular la cifra final aplicando "una legislación de 2012". De ser así sería la muy manoseada reforma laboral de Mariano Rajoy, denostada y propuesta para derogación en el programa electoral del PSOE, la que paradójicamente vendría al rescate de la empresa mixta de gestión del suelo.

El caso es que el nuevo gerente heredará una empresa en la encrucijada y con una deuda de 150 millones que acaba de salvar la primera "bola de partido" con el acuerdo que el mes pasado la sacó del preconcurso de acreedores. La entidad alcanzó un compromiso de pago de la deuda de cerca de nueve millones que mantenía con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que levantó el polígono de Bobes y a la que los tribunales dieron la razón con una sentencia que puso a Sogepsa al borde del concurso y, por tanto, del precipicio. La historia reciente de la sociedad de capital compartido entre el Principado, 32 ayuntamientos y empresas constructoras arrastra el lastre de la complicada situación en la que quedó por las acometidas de la crisis del ladrillo, por sus dificultades de adaptación a la normativa europea de libre concurrencia y los sonados conflictos a que ha dado lugar su polémica gestión, en particular en lo tocante al pago de expropiaciones por debajo de su valor y a los sobreprecios en la venta de viviendas.

La crisis se llevó por delante las previsiones de desarrollo industrial en los macroproyectos de los gobiernos socialistas de Vicente Álvarez Areces, sobre todo en los asociados a los polígonos de Bobes (Siero) y Lloreda (Gijón), cuyo vacío es el principal indicio del fracaso y una de las causas de buena parte de la deuda de Sogepsa. Por si faltara algo, la Comisión Europea ha decretado que Sogepsa, por la composición híbrida de su accionariado público-privado, vulnera la libre concurrencia en el mercado inmobiliario y debe disolverse o transformarse en íntegramente pública. Es ésta la alternativa que abraza de palabra el Principado, que negocia la cesión de sus acciones con los socios privados de la compañía, aunque esta pretensión ha colisionado contra las reticencias de algunos de ellos.

Sogepsa ha recorrido todo ese camino de la mano de José María Quirós, su gerente desde 2005. El "desestimiento" de su contrato puede venir de alguno de sus múltiples frentes abiertos. Entre ellos, se le investigaba por su supuesta implicación en la adjudicación "a dedo" en 2007 de un contrato de formación a un alto funcionario y por el incumplimiento de su contrato de exclusividad al haber participado en una empresa "de unos amigos".

En la línea de lo manifestado por toda la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, aseguró ayer que la destitución en agosto y sin razones concretas es "muy sospechosa" y pretende "lavar la cara de la nefasta gestión de Belén Fernández". La formación reclama además que el proceso de conversión de la sociedad en pública se sustancie después de que los socios privados "liquiden al Principado la parte correspondiente a las pérdidas de la sociedad".

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